Policía de San Javier, Un policía de San Javier identificado como M.M. (la identidad se preserva por pedido de las víctimas) quedó en prisión preventiva este viernes por decisión de la jueza Susana Luna. El uniformado se encuentra involucrado en una docena de delitos vinculados a abusos sexuales a dos menores de edad; además, se le atribuyó haber incendiado la Fiscalía de San Javier para borrar pruebas en su contra, en julio de 2015.
Policía de San Javier
Los hechos son tramitados por el fiscal Francisco Cecchini, quien estuvo acompañado en la audiencia por el fiscal de San Justo, Guillermo Persello. Cecchini destacó el “enorme trabajo de la AIC de San Javier y de la División de Cibercrimen de AIC de Santa Fe” en la investigación.
M.M. es asistido por la defensora pública Soledad Strada, quien cuestionó el plazo de tiempo transcurrido. Dos de las víctimas declararon antes del inicio de la audiencia y manifestaron el temor que sienten ante la posibilidad de que el imputado recupere la libertad.
Abuso e incendio
A M.M. se le atribuyen varios delitos contra la integridad sexual de las hijas de dos de sus exparejas. Los primeros hechos ocurrieron entre los años 2011 y diciembre de 2014, en la vivienda que compartía junto a su pareja y la hija de esta. La víctima, hoy de 25 años, manifestó ante la jueza Luna el temor de “ser una mujer más que aparece en una bolsa en un descampado” ante la posibilidad de que M.M. transite el proceso en libertad.
Cecchini explicó que M.M. escondía teléfonos en el dormitorio de la niña, o en el baño, a fin de tomarle fotos y grabar videos en situaciones íntimas: mientras dormía, mientras se cambiaba o se bañaba. Al peritarse el teléfono celular secuestrado a M.M. en uno de los allanamientos se encontraron imágenes de la menor, y también se detectaron imágenes de situaciones de contenido evidentemente sexual, que graficaban situaciones de abusos perpetrados por M.M. mientras la menor estaba dormida.
Cecchini explicó que la niña le contó a su mamá que sospechaba de M.M., lo que generó la alerta de la mujer y radicaron la denuncia. Al poco tiempo, el 21 de junio de 2015, cuando la menor regresaba a su casa de una salida con amigas, el sospechoso la interceptó en la calle, la hizo caer, le tapó la boca para evitar que gritara y la golpeó con sus puños reiteradamente en todo el cuerpo; al reiterarse se llevó el teléfono celular de la víctima, relató el fiscal.
Pocos días después, la madrugada del 12 de julio de 2015, ocurrió un incendio en la Fiscalía de San Javier; la investigación permitió vincular a M.M. con este ataque. Según la imputación, el policía escaló el tapial lindero que da al patio, rompió la reja que protege el techo del patio y la ventana de acceso a las oficinas.
Una vez dentro, buscó entre la evidencia guardada en la sala de efectos y en los legajos que se encuentran en las oficina y sustrajo varios teléfonos celulares, un disco rígido que extrajo de la CPU de una computadora aportada por la denunciante, una pistola Bersa 9 mm, un revólver calibre 22 Rubi Extra, un revólver calibre 32 Smith & Wesson, y otros elementos vinculados a la causa.
Antes de retirarse del edificio colocó varios objetos en el suelo, ente ellos carpetas, papeles, telas, gomaespuma y maderas en la sala de efectos y los prendió fuego iniciando un foco que se propagó hacia otros elementos y habitaciones, provocando daños en los objetos e instalaciones de la Fiscalía, destruyendo muebles y otros objetos así como evidencia de investigaciones penales, entre ellas algunas que lo tenían como sospechoso, explicó el fiscal.
Algunos de estos elementos fueron encontrados en la vivienda del imputado en el marco de uno de los allanamientos realizados en la causa.
Más abusos, amenazas e incumplimientos
Las otras agresiones sexuales atribuidas a M.M. datan del período comprendido entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, en la vivienda que compartía con quien era su pareja y las dos hijas de ella. La mujer también declaró antes del inicio de la audiencia y relató las persecuciones y los hostigamientos permanentes de M.M., realizados en particular por sus conocimientos en informática: hackeo de cuentas, cambio de contraseñas de diferentes perfiles, llamadas constantes durante la madrugada: “No podía dormir, tuve que empezar a tomar pastillas”, explicó. “Tengo miedo, si lo largan se va a ensañar más”, concluyó.
En este caso, la acciones atribuidas a M.M. eran similares: tomar fotografías a escondidas de una de las hijas de su pareja, que entonces tenía 12 años. En una oportunidad, inmovilizó a la niña y apoyó sus genitales contra el cuerpo de la menor. La mujer denunció que en diciembre de 2020 M.M. la amenazó diciéndole: “vos querés que vaya a tu casa y te haga quilombo, que te queme la casa y el auto? Vas a recibir un castigo.”
Cecchini sostuvo que M.M. también incumplió las medidas de distancia dispuestas por el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de San Javier. En octubre de 2022 cuando circulaba en motocicleta por el camino de ingreso al Barrio Islas Malvinas de San Javier, al ver pasar a la menor, detuvo su marcha y se quedó observándola hasta que ingresó a la casa: “M.M. puede ir a cualquier lugar de San Javier y del mundo sin tener que pasar por ese camino”, remarcó el fiscal. Otro incumplimiento similar ocurrió en mayo de 2023.
Por último, a M.M. se le atribuyó que el día del allanamiento por el que quedó detenido, el 26 de junio de 2023 en zona rural de Colonia Indígena, tenía en su poder una escopeta calibre 20 UAB, una escopeta doble caño yuxtapuesta calibre 12 y una escopeta con culata de madera, sin contar con autorización legal para ello.
M.M. fue imputado como autor de los delitos de tenencia de arma de fuego de uso civil sin contar con la autorización legal; desobediencia de mandato judicial reiterado en dos oportunidades; amenazas simples; abuso sexual calificado por ser encargado de la guarda de la víctima y por ser cometido contra una persona menor de 18 años aprovechado la situación de convivencia preexistente, reiterado en tres oportunidades y en concurso real entre sí; robo calificado por ser cometido con escalamiento y por ser cometido por un miembro de una fuerza policial en concurso real con incendio doloso con peligro común para los bienes; robo calificado por ser ejecutado por un miembro de una fuerza policial; abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima calificado por ser la víctima menor de 18 años y aprovechar la situación de convivencia preexistente y abuso sexual con acceso carnal calificado por ser la víctima menor de dieciocho años y aprovechar la situación de convivencia preexistente.
Cuestionamientos y prisión preventiva
La defensora intentó cuestionar el plazo de tiempo transcurrido desde los primeros hechos, recordó que M.M. fue imputado en 2015 y que en esa oportunidad el juez Gabriel Candioti no encontró acreditada la apariencia de responsabilidad de M.M. en los hechos atribuidos. Strada remarcó que además, sabiendo que era sospechoso del incendio en la Fiscalía, el imputado se quedó viviendo en San Javier y ofreció una caución por un millón de pesos para que M.M. transite el proceso en libertad.
Al momento de resolver, la jueza entendió que “si bien es cierto que hubo demoras en la investigación, también es cierto que hubo un entorpecimiento como fue el incendio en la Fiscalía”. Luna también destacó que las investigaciones llevan tiempo y que deben concatenarse, como en el presente caso donde había muchos hechos con un denominador común que debía esclarecerse.
En este sentido, la jueza remarcó que luego de los abusos el sospechoso cometió una serie de delitos destinados a ocultar los hechos: “Refractariedad a la norma, falta de respeto a las mujeres, siendo quien es, un empleado policial… las personas confían en la seguridad, y el imputado utilizo los conocimientos para amedrentar a las víctimas”.
Luna encontró acreditados también tanto la posibilidad de fuga como de entorpecimiento probatorio: «las víctimas viven los hechos como si hubieran sido ayer, a pesar de que pasaron varios años», y destacó que la investigación sigue en peligro por los altos conocimientos del imputado en materia tecnológica. Para la jueza, las alternativas a la prisión preventiva son insuficientes y dispuso la prisión preventiva del imputado.
