El abogado Diego Lindow, en su carácter de apoderado de la Tarjeta Única, radicó una denuncia criminal en contra de empleados con rango jerárquico, a los que acusa de los delitos de asociación ilícita, defraudación, estafa, daño, hurto y falsificación de instrumento privado. Se calcula el perjuicio en unos 30 millones de pesos.
Según las fuentes consultadas, sería inminente que desde el Ministerio Público Fiscal se ordenen las detenciones de las personas implicadas.
En enero de este año los socios de la tarjeta comenzaron a observar un movimiento de extracción y posterior depósito de dinero de la tarjeta que no tenían registro en la contabilidad de la empresa, lo que encendió una alarma, ya que se había sacado dinero y se depositó en una cuenta de un socio, pero al constatar ese movimiento en los balances de la tarjeta, ese movimiento no se encontraba registrado.
Se realizó un análisis más profundo de los movimientos de la empresa y de toda la administración, y para mayor sospecha, al pretender analizar el sistema informático, nos encontramos con que el mismo había sido “saboteado”, y se borraron los datos.
Ante esta situación se decidió acudir a los soportes físicos de papel, y se descubre que unos días atrás, hubo “un robo” de los mismos en el depósito, lo que hacía sospechar que se trató de una maniobra tendiente a hacer desaparecer cualquier rastro del delito.
los resúmenes de la tarjeta como ya abonados, se efectuaron consumos personales con una tarjeta “a prueba”, la cual no debía tener movimientos. Los consumos figuran como cancelados contablemente, sin que ingrese el dinero, además de detectarse que se realizaron “ajustes” a los resúmenes de las tarjetas de empleados y ex empleados, es decir, que estos realizaban gastos con la Tarjeta Única, pero no los pagaban porque eran “ajustados” por sistema, lo que configuraba un fraude a la tarjeta, porque los consumos debían ser pagados a los comercios, según se precisó.
