Creación de una empresa de cannabis, El proyecto que crea la empresa estatal de cannabis en la provincia de Santa Fe muestra el interés de cierto sector de la política de contar con las herramientas necesarias para garantizar el acceso a la marihuana con fines terapéuticos. Se trata de una propuesta que ya es implementada en la provincia de Jujuy, sin embargo, la comunidad cannábica puso ciertos reparos a la iniciativa. Critican la falta de convocatoria a las ONGs, lamentan no ser incluidas en ningún aspecto de la producción, elaboración o distribución del cannabis y sus derivados y advierten que hay una lógica que busca que el Estado monopolice la producción. Además, reprochan que mientras el Estado se involucra con el cannabis, los cultivadores siguen sufriendo la persecución penal del mismo Estado.
La propuesta fue impulsada por el diputado del PJ, Leandro Busatto. Entre otras atribuciones, la empresa Cannabisfe deberá decidir sobre la adquisición, elaboración, fabricación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización, importación y exportación de semillas, plantas, abonos, material vegetal, material fitosanitario, fertilizantes y demás recursos necesarios para la ejecución de la producción. Además, podrá importar y exportar aceites y otros productos derivados del cannabis con fines científicos, medicinales y/o terapéuticos.
Claramente, el proyecto se diferencia de la postura del gobierno de la provincia. Mientras que la administración de Omar Perotti pretende que todo lo relacionado con el cannabis sea abordado por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), la iniciativa de Busatto va más allá y busca ampliar el margen de acción del Estado provincial. En diálogo con AIRE, Busatto destacó que “este proyecto nos pone en un lugar, nos para en un lugar determinado. El Ejecutivo tiene otra mirada respecto de cannabis y yo busco plantear un nivel de diferenciación al respecto”.
Creación de una empresa de cannabis

Entre otras atribuciones, la empresa Cannabisfe deberá decidir sobre la adquisición, elaboración, fabricación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización de cannabis con fines medicinales.
Según confirmó el legislador, la iniciativa no fue trabajada con ninguna de las organizaciones cannábicas de Santa Fe, tampoco con colegas de la Cámara baja, ni con el Ejecutivo provincial. “Preferimos presentarlo en la Cámara y después abrirlo para que se den las opiniones”, dijo Busatto, y adelantó que en las próximas semanas convocará a las ONGs para que brinden su mirada sobre el proyecto.
Sobre el financiamiento para el desarrollo de la empresa provincial de cannabis, el diputado precisó que “se trata de la conformación de una empresa estatal, que tenga financiamiento de la provincia, pero después se maneja como una empresa, con todas las atribuciones para comprar, vender, importar y exportar”.
“Seguramente tendrá apoyo de los sectores más progresistas y una mirada negativa de los más conservadores”, admitió Busatto respecto al futuro legislativo del proyecto.
Por otro lado, el presidente del bloque del PJ expresó su respaldo al reclamo que Macame (Mamás Cannabis Medicinal Santa Fe) a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Está bien lo que reclaman las madres. Yo banco esos reclamos. Y la idea es que la provincia de Santa Fe también tenga un registro”.
“Las madres seguimos siendo perseguidas”
Por su parte, Laura Acosta, integrante de Macame, reconoció que “hay malestar por no haber sido convocadas” para debatir el proyecto. “Las madres seguimos siendo perseguidas y no tenemos acceso garantizado de manera integral en los efectores públicos”, lamentó Acosta, quien destacó que “nosotras venimos trabajando con médicos y profesionales para que llegue el cannabis de forma pública”.
Otro de los puntos criticados por las asociaciones cannábicas tiene que ver con una “lógica monopolizadora. Quieren replicar el modelo de Jujuy, un monopolio del Estado y empresarios a dedo”.
Es que, pese a que se intenta avanzar en el acceso de cannabis, resulta contradictorio que el Estado cultive, produzca, distribuya y venda marihuana, mientras que los autocultivadores sigan cayendo presos (en algunos casos, hasta contando con la autorización del Reprocann).

Laura Acosta, integrante de Macame, reconoció que “hay malestar por no haber sido convocadas” y por “no ser contempladas en la empresa”.
Las asociaciones no aparecen en ninguna de las etapas de producción de cannabis: ni en el rol social, ni laboral, ni político, ni productivo. Al contrario, según entienden las organizaciones, se da por sentado que esta empresa se encargaría de abastecer a la salud pública y las ONGs que brindan servicio de acceso al cannabis. “Refuerzan la lógica de que el Estado y el LIF tienen que monopolizar el abastecimiento de cannabis y sus derivados y que es la misma postura reaccionaria con la que se presentaron en contra del amparo de Macame”, lamentaron.
La función de la empresa será la de participar activamente de todo el proceso de producción de marihuana con fines medicinales y terapéuticos: desde la adquisición de semillas, pasando por el cultivo, la elaboración de sus derivados, hasta la comercialización de los productos. La iniciativa está basada en lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 20. 705, que regula a las sociedades estatales, y en la ley de sociedades comerciales Nº 19.550. Según el texto del proyecto, la sociedad mantendrá relación directa con el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, quien será el encargado de redactar el Estatuto de Cannabisfe.
Es necesario ampliar el margen de acción del Estado, ya que, como aseguran las madres integrantes de Macame y las asociaciones cannábicas, no se logra satisfacer la gran demanda de cannabis debido a la cantidad de patologías que son abordadas desde el LIF y por el nivel de producción existente en la actualidad.