En un tratamiento express, la Legislatura provincial aprobó un marco regulatorio para los denominados “gastos reservados” del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Si bien esos recursos están contemplados en los presupuestos, hasta ahora no se hacían rendiciones de cuenta de forma inmediata debido a que, en teoría, esos fondos están destinados a investigaciones vinculadas a seguridad.
La sanción de la ley reavivó las profundas diferencias que existen entre el oficialismo y la oposición en ambas cámaras legislativas. Ahora se suma una difícil relación con el Ejecutivo.
La iniciativa – impulsada por los senadores Traferri (PJ), Michlig (UCR) y Rasetto (UCR)- fue ingresada, tratada y aprobada en primer lugar por la Cámara de Senadores, donde la posición del bloque del PJ fue clave. Es que de los doce senadores justicialistas, ocho votaron a favor y cuatro se abstuvieron.
Luego, el expediente fue girado rápidamente a la cámara baja donde, debido a la mayoría del FPCyS, recibió la sanción definitiva sin mayores inconvenientes. Los diputados del PJ, junto con los dos integrantes del bloque Igualdad, votaron en contra.
El proyecto fue presentado apenas algunas horas antes del inicio de la sesión de éste jueves aunque los legisladores lo vienen negociando hace meses.
Durante el debate en la cámara baja, el diputado del FPCyS, Pablo Farías sostuvo que los gastos reservados en Seguridad se incrementaron notoriamente en comparación con gestiones anteriores.
“Sabemos que se están invirtiendo fondos muy importantes, mucho más importantes que antes, que se han multiplicado las sumas que se destinan a los gastos reservados”, dijo Farías y advirtió que “a diferencia de lo que ocurría antes, hoy la disponibilidad de esos gastos están directamente asignadas a las figuras políticas, cuando antes se lo designaba o lo utilizaban los funcionarios policiales de carrera o las estructuras judiciales o vinculadas al Poder Judicial”.
A raíz de estas declaraciones y fiel a su estilo, el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain salió a responderle a Farías a quien acusó de “incompetente y mentiroso”.
A través de su cuenta de twitter, Sain expresó sobre el legislador que “Además de incompetente es mentiroso. En el Ministerio de Seguridad hoy se ejecutan los gastos reservados de la misma forma que lo hacía Pullaro, a través de los servicios policiales autorizados”.
En otro de los posteos, el titular de la cartera de seguridad provincial sostuvo que “se ve que el diputado no terminó de leer el proyecto de Ley de Seguridad Pública remitido por el gobierno. En el capítulo de Control Parlamentario. Pero no quiere discutir las leyes con el ministro Sain”.
Por último, Sain advirtió que el “control parlamentario de los fondos reservados es el eufemismo que están utilizando para controlar las investigaciones complejas contra la mafia en Santa Fe”.
Quien se sumó al debate a través de las redes sociales fue el diputado del PJ, Leandro Busatto quien acusó al FPCyS de violentar las prácticas parlamentarias para condicionar la gestión del gobierno en materia de seguridad.
“Hoy hubo una maniobra del Frente Progresista que violenta las prácticas parlamentarias: sin debate, aprobaron leyes cuyo único fin es condicionar la gestión en Seguridad. Cuando fuimos oposición, en cambio, aprobamos la Emergencia, para que Bonfatti pudiera gestionar una crisis”, advirtió el legislador y lamentó que “haciendo abuso de una mayoría circunstancial, sancionaron entre gallos y medianoche, sin debate, sin el diálogo del que tanto presumen, una ley que modifica el perfil de los fiscales y el control de los gastos reservados”.
En ese sentido, Busatto resaltó que ésta iniciativa se sanciona “justo cuando se investiga su uso en la gestión anterior”, es decir, del FPCyS. Al respecto, el diputado peronista remarcó que “hay que recordar que, en este momento, la Justicia investiga, por una denuncia del ministro Sain, si no se usaron esos fondos reservados para pagar la defensa de los policías acusados de secuestrar y desaparecer a Franco Casco”.
“Estamos frente a una oposición cuyo objetivo es obstruir cualquier intento de recomponer la justicia, después de 12 años en los que Santa Fe pasó a ser la provincia más violenta del país. Se preocupan ahora por el perfil de los fiscales, cuando hace un año intentaron meter 200 personas por la ventana a la Justicia. Y cuando muchos funcionarios del Frente Progresista pasaron a ocupar cargos clave en la justicia en los últimos años”, expresó Busatto.
Por último, Busatto cuestionó: “Si realmente tienen vocación de trabajar para mejorar la situación de Santa Fe, pregunto: ¿por qué se niegan a que el Ministro Saín concurra a la Legislatura? ¿por qué niegan la discusión de las leyes en la Comisión de Seguridad? En 2009, Saín fue uno de los artífices del “Acuerdo para una política de Seguridad Democrática”, que contó las firmas de Binner, Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra y Rubén Giustiniani. Hoy, sin embargo, no quieren tratar las leyes que tienen como eje aquel acuerdo. ¿Por qué?”
