Ad image
Ad image
Ad image

Turistas Cazan Especies Prohibidas en Santa Fe: Indignación y Denuncias

Turistas estadounidenses mataron especies protegidas en un nuevo hecho de caza indiscriminada en Santa Fe. Compartieron fotos en redes sociales, generando una fuerte reacción de organizaciones ambientalistas.

SCaldia

Organizaciones ambientalistas de Santa Fe denunciaron un nuevo caso de caza ilegal protagonizado por turistas estadounidenses en la localidad de San Javier. Los cazadores, que formaban parte del coto MGW Outfitters, mataron especies protegidas como el Pato de Collar y el Pato Cutirí, ambas prohibidas por la Resolución 129/24. Los cazadores compartieron imágenes en redes sociales, mostrando cientos de animales muertos.

Ad image

Este es el segundo incidente en menos de dos meses. A principios de junio, turistas franceses fueron detenidos con casi un centenar de patos en Golondrinas, al norte de la provincia. La reciente caza ilegal fue revelada por el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), una ONG de Entre Ríos, tras recibir información de un guardafauna santafesino.

En Santa Fe, solo está permitida la caza de tres especies: Pato Crestón, Pato Sirirí Común y Pato Sirirí Pampa. La Ley Nacional 22.421 otorga a cada provincia la potestad de determinar la caza de ciertas especies, basándose en estudios de población. Sin embargo, desde Ceydas denuncian que estos estudios son financiados por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo, lo que pone en duda su imparcialidad.

Gabriel Bonomi, de Ceydas, criticó duramente la falta de control por parte del gobierno provincial. «La responsabilidad no es solo del coto, sino del gobierno de Santa Fe, que autoriza algo que sabe que no puede controlar. Los cazadores extranjeros pagan miles de dólares por estas excursiones y superan los límites establecidos», afirmó Bonomi.

Bonomi también destacó la importancia ecológica de las especies cazadas. «Estas aves son cruciales para el ecosistema debido a su carácter migratorio. Transportan huevos de peces y semillas de plantas acuáticas a lo largo de sus rutas, que pueden extenderse hasta 2.000 kilómetros», explicó.

Las organizaciones ambientalistas están considerando presentar una denuncia penal, en colaboración con otras entidades locales, para frenar estos actos que atentan contra el patrimonio natural y cultural de la región.

Comparte este artículo
Ad image
Ad image
error: ¡El contenido está protegido!