El diputado del PRO Gerardo Milman presentará este miércoles una denuncia penal contra Cristina Fernández de Kirchner por supuesto “autoatentado” en relación con el fallido intento de asesinato ocurrido el 1° de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló a centímetros del rostro.
“Pronto va a salir a la luz quién le puso la pistola en la mano a Fernando Sabag Montiel”, declaró Milman en una entrevista reciente, en alusión directa a la expresidenta. La presentación judicial se realizará en los tribunales de Comodoro Py, aunque aún no trascendieron los detalles del escrito.
Milman, bajo sospecha en otra causa paralela
El propio Milman está imputado en una causa conexa, luego de que un testigo asegurara haberlo escuchado, dos días antes del atentado, diciendo que estaría “en camino a la costa cuando maten a Cristina”.
Aunque siempre negó esa afirmación, el vínculo con los hechos se fortaleció por sus antecedentes: en agosto de 2022, presentó un proyecto en el Congreso para exigir información sobre la custodia de la entonces vicepresidenta, a quien acusaba de querer “victimizarse” para eludir causas judiciales.
Avanza el juicio y surgen nuevos datos sobre Revolución Federal
Mientras tanto, el juicio contra Fernando Sabag Montiel y su expareja Brenda Uriarte, ambos vinculados a la agrupación de ultraderecha Revolución Federal (RF), sigue en curso. Nuevas pruebas alimentan la hipótesis de que existieron autores intelectuales y financistas detrás del atentado.
Un reciente peritaje contable confirmó que la empresa Caputo Hermanos pagó sobreprecios al líder de RF. Además, nuevos testimonios y pericias siembran dudas sobre el accionar de la Policía Federal, que habría borrado información clave del teléfono de Sabag Montiel.
La jueza Capuchetti pone la lupa en la Federal
La jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa por el intento de magnicidio, inició en abril una serie de declaraciones testimoniales para determinar el rol de dos agentes de la PFA. Uno de los ejes centrales es si existió encubrimiento o manipulación de pruebas clave.
La comisaria Sandra Judith Carral Leiva, de la Dirección de Investigaciones Internas de la PFA, negó que los policías hayan sido presionados para alterar las actuaciones administrativas, aunque la versión oficial aún está en duda.
