El Juzgado de lo Social número 31 de Barcelona dictaminó que los efectos adversos provocados por la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca pueden ser considerados accidente laboral, en lo que constituye un fallo sin precedentes en España.
La resolución, emitida el 17 de marzo, favorece a Pedro García, profesor de Física y Química en el Institut Infanta Isabel d’Aragó, quien en 2021 recibió la vacuna como parte del grupo de trabajadores esenciales.
El caso del docente
Semanas después de la inmunización, García desarrolló una trombosis severa que lo mantuvo hospitalizado más de tres semanas, una de ellas en cuidados intensivos. El diagnóstico médico fue de trombocitopenia trombótica inmune inducida por Vaxzevria, una reacción reconocida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
El tribunal consideró que el hecho de haber sido convocado a vacunarse en función de su rol laboral generó un vínculo directo entre la inmunización y su actividad profesional.
Implicancias del fallo
La sentencia establece que las secuelas médicas de García deben tratarse como accidente laboral y no como enfermedad común, lo que implica mayores beneficios en términos de cobertura y protección social.
La decisión fue celebrada por la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna de AstraZeneca (ATEAVA), que calificó la resolución como “el primer gesto de justicia tras años de silenciamiento”.
Situación actual y proyección
García, de 45 años al momento de la vacunación, continúa bajo control médico debido a la obstrucción permanente de la vena que conecta con el hígado. Aunque su estado es estable, los especialistas advierten sobre posibles complicaciones futuras.
El fallo abre la puerta a nuevas reclamaciones por parte de otros trabajadores esenciales que hayan sufrido efectos adversos similares y sienta un precedente judicial clave en la jurisprudencia española.
