Los ciudadanos apuntan al hartazgo por el deterioro de las condiciones sociales en las últimas décadas y el creciente aumento de la desigualdad en el país.
Chile amaneció este miércoles con una huelga general que promete mantener vivas las reivindicaciones de los últimos días, pese a los intentos del gobierno de calmar los ánimos con el anuncio de algunas medidas sociales en la línea de los reclamos.
Si el génesis del estallido social que se vive desde hace ya seis días fue el aumento de treinta pesos del boleto de metro, los manifestantes apuntan al hartazgo por el deterioro de las condiciones sociales en las últimas décadas y el creciente aumento de la desigualdad en el país.
“No es por 30 pesos, es por 30 años” es una de las consignas clave que se repiten desde el inicio de la crisis. Si el aumento del metro fue sólo la gota que rebalsó el vaso, ¿cuáles son las demás cuestiones por las que protestan los chilenos?
Las claves de las reivindicaciones
Uno de los asuntos más polémicos en Chile es el sistema previsional, dispuesto en 1982 bajo el mando de Augusto Pinochet y sostenido por instituciones financieras privadas que administran el ahorro de los trabajadores, para sostener las pensiones al momento de la jubilación.
El sistema es celebrado por algunos sectores, pero buena parte de la sociedad las considera un fracaso: en 2016, más de 600.000 personas salieron a manifestarse por el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que consideran que no pueden asegurar una retribución justa. En Chile, el 80% de las personas jubiladas recibe pensiones que son menores al sueldo mínimo.
El sistema de salud también tiene algunas deudas pendientes. Alrededor del 80% de chilenos tiene acceso al seguro público (FONASA) y un 20% a uno privado (ISAPRE). “Ninguno de los seguros de salud está cumpliendo a cabalidad su objetivo y existen deficiencias importantes que subsanar”, dijo el presidente, Sebastián Piñera, en 2018.
En el sistema público los reclamos son por falta de hospitales y especialistas, una atención primaria deficiente y listas de espera demasiado largas; en el privado, los aumentos de los planes de salud y las bajas coberturas son un problema para los que se lo pueden permitir.
El transporte público es también uno de los focos de indignación. La red de metro en Santiago –donde los manifestantes pusieron el foco en un primer momento– nació en 2007 ya con muchas críticas a su infraestructura, sin que desde entonces haya podido responder eficientemente a las necesidades diarias de la población.
Pese a que el sistema sigue siendo deficitario, según un reciente estudio de la Universidad Diego Portales de Santiago que observaba 56 países alrededor del mundo, el de Chile es el noveno transporte más caro en función del ingreso medio de sus habitantes.
Otra de las políticas que genera cuestionamiento entre varios chilenos es el Código de Aguas, que establece qué fondos privados pueden constituir sobre las aguas derechos de aprovechamiento de carácter perpetuo, manteniendo el sistema privatizado.
En el país también siguen vivos los reclamos por una mejor educación pública que se iniciaron en 2006 con la “revolución pingüina” y se avivaron en 2011 con el movimiento estudiantil. Sin embargo, en este sector hubo avances y se logró la gratuidad en la educación superior para el 60% de la población chilena, aunque la demanda de mejoras continúa.
Por último, la corrupción es un tema central, tanto en las empresas –que incurren en evasión de impuestos y fijación de precios– como entre la clase política, donde tanto derecha como el propio gobierno de Michelle Bachelet cuentan entre sus historiales graves casos de corrupción.
La respuesta del gobierno
Desde que comenzaron las demostraciones en las calles del país, el gobierno chileno tomó algunas medidas para buscar rebajar la tensión de la población. El sábado, tan solo un día después del estallido de las revueltas, Piñera anunció la suspensión del aumento en el transporte.
No fue suficiente, como tampoco el paquete de medidas que anunció el martes a la noche: aumento de un 20% de las jubilaciones; creación de un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos (unos 482 dólares) y un impuesto del 40% a las rentas superiores a 8 millones de pesos mensuales (unos 11.000 dólares).
“Hemos recibido con humildad y claridad el mensaje que los chilenos nos han entregado. Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión“, dijo Piñera en un discurso televisado este martes a la noche.
Sin embargo, el presidente chileno desatendió la petición de retirar el despliegue del Ejército, uno de los reclamos más urgentes que le hace la población. Los chilenos le retraen también a Piñera el uso de una retórica beligerante de los últimos días. El domingo a la noche, Piñera declaró en un discurso que Chile “está en guerra contra un enemigo poderoso”.
Tras la ola de caos, el presidente añadió que tal adversario es “implacable”, “no respeta a nada ni a nadie”, y que está “dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdida de vidas humanas”, señaló el presidente. Este miércoles, el gobierno confirmó que el número de muertos en los últimos días subió a 18 personas, y que la mayoría de ellas habrían muerto calcinadas durante la quema de algunos comercios.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) precisó que hay 1.894 personas detenidas en todo el territorio chileno, cinco muertos a manos de las fuerzas armadas y 30 amparos judiciales: 9 de ellos por violencia sexual.
