Este domingo un suceso imprevisto, histórico y errático que volvió a poner sobre la mesa uno de los debates eternos dentro de los movimientos feministas, tan plurales como heterogéneos. Se trata de la discusión entre las trabajadoras sexuales y el sector abolicionista.
El debate sobre si la «prostitución» es una labor se da desde que el feminismo es feminismo y nunca parece saldarse. Si bien desde todos los frentes de este gran movimiento estamos de acuerdo en que las putas no son el problema y tampoco el «enemigo» a combatir, muchos de los acontecimientos actuales ponen en duda esa afirmación.
Desde el abolicionismo creen que toda mujer que trabaja de prostituta está en “situación de prostitución” porque es una “víctima” de este sistema patriarcal que te lleva a «trabajar con tu cuerpo» (como si en el resto de los labores no se necesitara el cuerpo para trabajar) sin posibilidades de elegir. Del otro lado, están las putas que lograron sumarle otra arista a la discusión al hablar de “derechos” y que deciden hacer de la prostitución su forma de vida, su trabajo, su profesión.
Es un tema difícil, para esta periodista, existen tres categorías: las trabajadoras sexuales, las personas en situación de prostitución y como tercera cosa, la trata de personas.
En esta nota vamos a hablar de las putas que son quienes deciden, quieren y militan hacer de la prostitución su sustento diario y muchas de ellas están empadrondas en la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar).
Este domingo, desde la Secretaría de Economía Popular que comanda Emilio Pérsico (parte del Ministerio de Desarrollo Social), se lanzó un registro de trabajadores y trabajadoras populares que busca visibilizar a aquellas personas que realizan labores que no están regularizados.
A través de la lucha de Ammar, por primera vez en la historia de este movimiento, desde el Ministerio de Desarrollo, se decidió agregar a este tipo de labor a la lista de trabajos populares.
Pero esa noticia que movilizó y emocionó a cientos de putas, incomodó y no gustó a muchas abolicionistas. Así, desde las redes sociales pero también a través de whatsapp y de contactos, el llamado «lobby» abolicionista, presionó y convenció a la cartera para que se saque de ese listado a las trabajadoras sexuales.
Dentro de los feminismos muchas son las cosas que se dicen al respecto. Tanto a favor como en contra. Para entender un poco más qué sucedió, cómo y por qué la marcha atrás respecto a esta categorización histórica para las trabajadoras sexuales, Filo.News habló con la periodista feminista Tali Goldman, con la abogada Luli Sánchez y con la referente de Ammar de La Plata, Valentina Pereyra.
«Me parece necesario que figuren en ese listado porque las trabajadoras sexuales, en principio, existen. Negarlas es, de mínima, lo menos ´sororo´ que puede haber. En segundo lugar se constituyen como parte del colectivo de la economía popular porque son trabajadoras. Hacen un trabajo y reciben una remuneración por eso. Pero no está regularizada, es decir, no existe ´un patrón´al cual reclamar derechos como salario, obra social, recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo. Por eso son parte de este colectivo que incluye desde una cartonera a una persona que hace changas”, explica Tali Goldman que escribió un libro sobre mujeres y sindicatos.
El problema de que las putas no entren en este listado y que tampoco sean consideradas trabajadoras, arrastra algunas consecuencias durísimas para el colectivo. Desde el no acceso a una obra social ni vivienda, hasta la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad. Estar amparadas bajo la luz del Estado, les daría a las putas, la dignidad social tan buscada.
«Es necesario tener un registro de cuántas somos, cómo vivimos, en qué condiciones vivimos, qué vulneraciones tenemos como trabajadoras informales. Por eso vemos súper importante que nuestra categoría como trabajadoras sexuales esté en el Registro Nacional de Trabajadores y la economía popular. Es el primer paso y el puntapié para poder generar futuras políticas públicas», explica entusiasmada Valentina Pereyra.
Por su parte, la abogada Luli Sánchez, sostiene: «La Ley 27345 crea el registro en su artículo 6, junto con una serie de medidas para fortalecer les trabajadores de la economía popular. Formar parte de este proceso más abarcativo de la economía popular, que se venía gestando y tomó fuerza, sirve como respuesta a la crisis generada por el macrismo y ahora readquiere una serie de políticas post pandemia que llegan, se estima, a 4 millones de personas en todo el país».
Pero la suscripción de las putas en el registro y la alegría de haber conseguido, por primera vez en su historia, ser reconocidas como trabajadoras por el Estado, duró poco. La presión del abolicionismo y su enojo por dicho reconocimiento, lograron bajar la publicación en tan solo cinco horas.
«Para nosotres fue un avance en esta lucha, que llevamos ya 25 años de la organización. El poder visibilizar y que el Estado reconozca que existimos para poder plasmar también nuestras realidades como trabajadoras sexuales en toda Argentina era muy importante», cuenta con flamante nostalgia Valentina.
¿Pero por qué se oponen a que las putas tengan este tipo de derechos? Esa pregunta resuena en las redes y entre muchos feminismos. Si se supone que no están en contra de quienes ejercen la prostitución sino del sistema prostituyente, ¿por qué no las ayudan a salir de la marginalidad?
Uno de los señalamientos que se le hace al abolicionismo es que muchas veces pecan de academicistas y dejan poco lugar a otras voces, las cruciales: las voces de las putas. Pero lo cierto es que en esta discusión, dichas voces también existen. La Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (Amadh), organización que lucha por los derechos de las mujeres en situación de prostitución y/o explotación sexual, es la que nuclea, empuja y milita, entre otras cosas, para que este trabajo no sea reconocido como tal.
Además, desde la organización abolicionista Furia Trava y diversas activistas y militantes de derechos humanos, presentaron durante el 2019 un proyecto de ley llamado «Programa integral de Protección y Asistencia a Personas en Situación de prostitución«.
No es un debate fácil. Los feminismos lo charlan y dan pelea hace mucho tiempo y el tironeo no sólo continúa sino que se recrudece. El problema (y a la vez, la solución) es, en este caso y en muchos otros, el nombre. Ser llamadas o no serlo. Y si bien coincidimos en que vivimos en un sistema patriarcal que condena a muchas feminidades a la prostitución como único camino y opción para sobrevivir, no podemos negar la existencia de quienes en este contexto la eligen y exigen ser sujetas de derecho.
Pero claro, que el Estado incluya a las trabajadoras sexuales en una lista de trabajadores y trabajadoras informales, no es simplemente eso. Desde el abolicionismo lo que se sostiene es que, al hacerlo, lo que se termina legitimando es a los proxenetas, ergo, a los varones que manejan a las putas.
Es complejo, además, porque en definitiva son ellos los beneficiados pero, las víctimas o quienes trabajan para ellos, las que terminan peleándose.
Aún así y con todos los argumentos de un lado y del otro respecto a esta problemática ancestral de los feminismos, hay una realidad y es que las putas existen y siguen en la calle, siendo golpeadas y extorsionadas por la policía y en esa marginalidad que las vulnera una y otra vez.
En un mundo ideal, el abolicionismo tal vez cumpla un lugar preponderante ya que propone terminar con el consumo de la prostitución en el cual muchas feminidades pierden y la mayoría de los varones ganan.
Pero el mundo en el que vivimos no es ideal, no está ni existe fuera del capitalismo y son muy pocas las chances de que el escenario, a corto, mediano y largo plazo, se modifique de forma tal que nuestro capital sexual deje de existir como última o primera opción.
Más allá de lo que deseamos como un hermoso futuro feminista (o no), la crudeza y la marginalidad a la que son sometidas las putas, sucede a diario y en esta pandemia son de las personas más perjudicadas. No tienen trabajo ni sustento económico, son echadas de sus hogares y no tienen siquiera una opción para sobrevivir.
«Creo que las abolicionistas llevan este debate a un terreno ético, donde las categorías son trabajo sexual sí, trabajo sexual no. Pero yo creo que no es ese el debate. El debate, o en realidad, la consigna es: derechos laborales para un colectivo de trabajadoras que en su mayoría son mujeres, muchas de ellas, parte del colectivo travesti-trans. Lo importante es entender que estamos hablando de que no están ni siquiera registradas y eso implica que sigan trabajando en la clandestinidad», sostiene la periodista Tali Goldman.
Por su parte, la abogada explica: «Estar en el ReNaTep habilita a percibir el salario social complementario, a acceder a programas de capacitación contra la violencia de género, terminalidad educativa, vacaciones, créditos, y otros derechos laborales, sociales y económicos».
Aún así, no podemos hacer una lectura de este debate sin tener en cuenta la interseccionalidad del mismo. Más del 90% de la comunidad trans, por ejemplo, no tiene acceso a un trabajo formal y es la prostitución, la única salida posible. «El cupo laboral trans Diana Sacayán, del 5 % que es de 2015 duerme en el Congreso, junto a Reconocer es Reparar y el reconocimiento integral de derechos de las personas trans y no binaries. Toda una serie de medidas destinadas a romper el continuo de la prostitución como único destino, funcional al travesticidio, están cajoneadas por falta de impulso político», detalla y agrega: «Como movimiento, tenemos que ser capaces de articular nuestras demandas en función de sacar todas estas políticas adelante, en lugar de seguir comunicando en función de dinámicas maniqueas y binarias».
Respecto al accionar abolicionista, Valentina finaliza: «El abolicionismo en teoría dice que lucha contra el sistema de la prostitución, pero cuando las trabajadoras sexuales o personas en situación de prostitución necesitamos algo, nunca están. Hoy por hoy estamos luchando para acceder a un registro de las vulneraciones que vivimos sistemáticamente a nivel estructural para poder plasmar futuras políticas públicas. Pero bueno, tampoco. Creo que no les interesa salvar a nadie».
