El interrogante es si el presidente aplicará «medidas disuasorias» más enérgicas si su tropa insiste en refugiarse en sus convicciones religiosas y no atiende las necesidades políticas del Gobierno.
Alberto Fernández será el primer presidente en presentar un proyecto de legalización del aborto, una iniciativa con la que pretende marcar un hito en su gestión y en la historia. A diferencia de Mauricio Macri, quien hace dos años auspició el debate legislativo sin presentar proyecto alguno, Fernández parece decidido a arriesgar su propio pellejo para lograr la aprobación de la ley. Desde la Casa Rosada la advertencia ya fue lanzada: quien vote en contra del proyecto, votará en contra del Gobierno. Ergo, las creencias religiosas individuales deberán supeditarse a las necesidades políticas del presidente y de un gobierno que, aquejado por la crisis económica, no puede exhibir demasiados logros por ahora.
Fernández parece seguir los pasos de Néstor Kirchner. El expresidente fue quien, en 2010, encabezó la cruzada por la sanción de la ley de matrimonio igualitario y debió enfrentar la intransigencia del Senado, el mismo bastión que hoy resiste la legalización del aborto. Kirchner logró doblegarlo merced a una presión furibunda sobre sus legisladores; habrá que ver si Fernández se atreve a recurrir a las mismas armas que utilizó su jefe político para alzarse con la preciada ley.
Cuando el debate sobre el matrimonio igualitario se inició en la Cámara de Diputados, en mayo de 2010, el expresidente Kirchner, por entonces flamante diputado nacional del Frente para la Victoria, no dudó en ejercer toda su autoridad para presionar a su bloque en favor de la ley. Era su batalla personal y no podía darse el lujo de perder. Aun así, buena parte de la tropa kirchnerista se le rebeló a la hora de votar: de los 126 votos positivos, sólo 46 diputados del bloque apoyaron la media sanción. Otros 30 votaron en contra mientras que 10 prefirieron ausentarse, tal vez persuadidos por las no tan sutiles sugerencias del expresidente.
Si la Cámara de Diputados había demostrado ser un cuerpo difícil de domar, el Senado se presentaba como una fortaleza inexpugnable pese a que el Frente para la Victoria ostentaba la mayoría. El matrimonio Kirchner no iba a permitirse que aquello fuese un obstáculo; fue así como, dos días antes de la votación, Cristina hizo subir al avión Tango 01, rumbo a su viaje a China, a dos fervientes opositoras al matrimonio igualitario, las senadoras Marina Riofrío (San Juan) y Ada Itúrrez (Santiago del Estero). A estas «deserciones» se sumarían luego las del oficialista Fabio Biancalani (Chaco), de la rionegrina María José Bongiorno (Frente Grande) y la de Graciela Di Perna (PJ-Chubut), que se abstuvieron, mientras que el santiagueño Emilio Rached, de la UCR, se retiró discretamente del recinto para no votar en contra del proyecto.
Primera enseñanza que arroja el debate de la ley de matrimonio igualitario: cuando un proyecto es impulsado desde el Poder Ejecutivo, y ni qué hablar si esa iniciativa tiene el sello personal del presidente, difícilmente puede ser resistido por su tropa legislativa.
“Sería muy difícil pensar que un proyecto impulsado por el Gobierno no sea aprobado en el Senado, máxime cuando allí el oficialismo es mayoría y, además, Cristina Kirchner es su presidenta», desafía la diputada Silvia Lospennato quien, desde las filas de Pro, fue una de las abanderadas de la legalización del aborto en 2018.
Los números, por ahora, son esquivos a las pretensiones de la Casa Rosada. Los primeros sondeos en la Cámara de Diputados arrojan una ventaja para los “pañuelos verdes” aunque hay una buena cantidad de legisladores indefinidos. En el Senado la situación es más difícil. En 2018 la votación arrojó 38 votos en contra frente a 31 votos a favor y la nueva conformación del cuerpo no varió demasiado el panorama: del total de 72 senadores, el rechazo al aborto legal, seguro y gratuito ya reúne 36 votos, mientras que los senadores que lo apoyan llegan a 32.
El Gobierno no pierde las esperanzas. Confía en que el “Plan de los 1000 días”, una batería de medidas de prevención del embarazo y de asistencia a la mujer embarazada con el que el presidente Fernández promete complementar la legalización del aborto, convenza a los legisladores que todavía ofrecen resistencias. El interrogante es si el presidente aplicará “medidas disuasorias” más enérgicas si su tropa insiste en refugiarse en sus convicciones religiosas y no atiende las necesidades políticas del Gobierno.
