La administración de Marcelo Andreychuk llegó al poder con promesas de resolver los problemas de San Cristóbal. Dos años después, la situación muestra lo contrario: de ser los solucionadores de los problemas de la ciudad, la gestión pasó a exigir y pedir, dejando en evidencia que el “verso de la autogestión” quedó en el pasado y desnuda improvisación y falta de planificación.
Obras públicas: dependencia provincial
Las pocas obras municipales realizadas durante la gestión Andreychuk no son producto de autogestión, sino de fondos gestionados por el senador Felipe Michlig y el diputado Marcelo González. En dos años, la primera cuadra de pavimento se realizará gracias a financiamiento provincial.
Infraestructura y recursos: señales de desorden
El municipio también enfrenta problemas internos de gestión: edificios municipales deteriorados, baños fuera de servicio y vehículos oficiales sin control. Según fuentes locales, la camioneta municipal se utiliza de forma particular, estacionada frente al domicilio del intendente.
Además, la administración incorporó a punteros, familiares y amigos en la estructura municipal, lo que refuerza la percepción de desorganización y personalismo en la gestión.
Respaldo financiero y transparencia
En la última sesión del Concejo Municipal, los concejales de Unidos presentaron un informe detallado de todos los programas recibidos por la Municipalidad de San Cristóbal del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que supera los $370 millones, confirmando la dependencia de recursos externos para la ejecución de obras:
- Refacción de la terminal de ómnibus: $35.000.000
- Saldo obras menores 2024 (sin reintegro): $50.000.000
- Compra de barredora aspiradora: $89.000.000
- Cordón cuneta en calles Lassaga y Azcuénaga: $33.273.938,39
- Programa Brigadier (pasaje Cortés, Jardín Esc. N°40): $32.918.379,15
- Bacheo y cordón cuneta en calles urbanas: $131.441.101,85
Total: $371.633.419,39
Los números y la situación del municipio reflejan un gobierno que promete más de lo que cumple, improvisa más de lo que planifica y genera dudas sobre la administración de los recursos públicos. En este contexto, la dependencia de la provincia se convierte en un salvavidas permanente, mientras la comunidad evalúa los resultados de una gestión marcada por la «falta de autogestión» y la prevalencia de intereses propios sobre el bienestar de los vecinos.
