Hay un Policia imputado en una causa por la comercialización de estupefacientes. Además, el magistrado dejó detenidos a un hombre y una mujer y les trabó embargo a todos por $150.000. Hay otros dos prófugos.
En las últimas horas Diario CASTELLANOS pudo saber que el Juez Federal de nuestra ciudad, Dr. Miguel Eugenio Abásolo, dispuso el procesamiento y la prisión preventiva de tres personas -dos hombres y una mujer- entre ellos un efectivo policial que prestaba servicio en la Unidad Regional XIII del departamento San Cristóbal.
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En su resolución el magistrado considera que a lo largo de la investigación se reunieron evidencias suficientes e indicios incriminantes serios, graves, precisos y concordantes que permiten sostener, con el grado de probabilidad que en esta instancia el proceso exige, que JAB, alias «Loli» (el efectivo policial); MJE; Y GAG -mujer- formaban parte de un «grupo» que en forma organizada, se dedicó a comercializar sustancias estupefacientes (marihuana y cocaína) en la ciudad de San Cristóbal (provincia de Santa Fe), al menos desde el año 2016 hasta el 22 del corriente mes y año, fecha en que se materializaron los allanamientos respectivos. Se agrega que también resultarían parte de dicho «grupo» criminal las personas identificadas como JLB, alias «El Petiso»; y JB, razón por la cual se ordenaron sus detenciones para recibirles declaración indagatoria, aunque aún -al día de hoy- no han sido encontrados.
Resolución
Tras las argumentaciones pertinentes y por las consideraciones expuestas, el juez Abásolo resolvió: dictar el procesamiento y la prisión preventiva de JRB, suboficial de policía de la provincia de Santa Fe, nacido el 24 de enero de 1991 en la ciudad de San Cristóbal, por considerarlo «prima facie» presunto coautor penalmente responsable del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada para cometerlo y por su condición de funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en la Ley 23.737.
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En tanto en el caso de la mujer GAG, nacida el 24 de octubre de 1967 en la localidad de Presidencia de la Plaza, provincia de Chaco, la imputó por los mismos delitos imponiendo también la prisión preventiva; y lo mismo ocurrió con MJE, nacido el 2 de agosto de 1990 en la localidad de Margarita, provincia de Santa Fe, aunque a este último, también le endilgó ser autor penalmente responsable del delito de guarda de semillas para producir estupefacientes, en concurso real. También el juez decidió trabar embargos sobre los bienes de los tres por la suma de $ 150.000 cada uno.
Tareas de inteligencia
Tras llevar adelante intensas tareas de inteligencia personal de la UNIPROJUD (Unidad de Investigación y Procedimientos Judiciales) «Rafaela» de Gendarmería Nacional dio cuenta que: Gloria G., pareja de José Luis B., alias «El Petiso» -quien se encuentra prófugo- almacenaba estupefacientes en su domicilio de calle Alberti al 1300 de San Cristóbal, que también funcionaba como kiosco de venta de drogas.
En tanto MJE realizaba la venta de estupefacientes que le proveía «El Petiso» concretando la tarea en la modalidad de «delivery» para realizar la actividad ilícita en la ciudad de San Cristóbal.
Lo incautado
Cabe señalar que durante los allanamientos realizados en tres viviendas de la ciudad de San Cristóbal y en un «campito» se incautaron dosis de cocaína y marihuana, teléfonos celulares, balanzas de precisión y una importante cantidad de dinero en efectivo.
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El rol de uniformado
JRB, alias «Loli», policía de Santa Fe sección Seguridad, cumplía un rol fundamental en la organización para que ésta funcione, ya que era el encargado de alertar a «El Petiso» cuando el negocio -kiosco de venta de drogas- podía estar en peligro. Por todo ello se menciona que corresponde imponerle a JRB el agravante previsto en el inc. «d» del artículo 11 de la ley 23.737, en razón de «su condición de funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos en lo que estaba obligado a prevenir y perseguir toda clase de delitos, incluso los incluidos en la Ley mencionada.
En segundo lugar se hace referencia a que JRB reside en San Cristóbal, es decir donde se materializaban las ventas de estupefacientes por parte del «grupo» criminal del que éste formaba parte. Además, prestó funciones en esa ciudad hasta agosto del corriente año, mes en que fue trasladado a la localidad de Palacios.