San Cristóbal vuelve a ser noticia por las peores razones. Según el último informe del Ministerio Público de la Acusación, la ciudad se encuentra entre las más violentas de la provincia, junto a Rafaela, Frontera y Tostado, dentro de la órbita de la Quinta Circunscripción Judicial, que abarca los departamentos San Cristóbal, Castellanos y 9 de Julio.
Mientras tanto, San Cristóbal triplica en hechos delictivos y violentos a Ceres, otra ciudad del mismo departamento. Esa diferencia no es casual ni estadística: responde a la falta de políticas sociales reales y sostenidas por parte del gobierno municipal que encabeza Marcelo Andreychuk.
Lo que se observa no es una falla aislada, sino el resultado previsible de una gestión que ha confundido las políticas públicas con el asistencialismo. La respuesta del municipio frente al deterioro del tejido social se reduce a bonos para el parque, entrega de mercadería o pago de boletas de luz, en una práctica clientelar que perpetúa la dependencia y no resuelve las causas de fondo.
Las políticas sociales verdaderas no se construyen con dádivas, sino con planificación, inclusión y trabajo. Son aquellas que apuntan a reducir desigualdades, garantizar derechos y mejorar la calidad de vida. En San Cristóbal, sin embargo, el municipio local parece haber renunciado a esa función, refugiándose en gestos populistas que solo buscan sostener poder político.
No puede pasarse por alto un dato político determinante: en las elecciones de 2023, cientos de personas fueron empadronadas y trasladadas para votar (con la promesa de la creación de fuentes de trabajo), muchas de las cuales permanecieron luego en la ciudad. Hoy, buena parte de ellas sobreviven dependiendo de la escasa asistencia municipal. Esa práctica, además de cuestionable, genera un círculo vicioso de pobreza estructural, marginalidad, violencia y delito.
El Fiscal Regional Carlos María Vottero, durante la presentación de su informe en Ceres, destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre la Justicia, la Policía y los gobiernos locales, con especial énfasis en la prevención del delito.
Mientras Ceres avanza con proyectos de seguridad y coordinación institucional, San Cristóbal se hunde en un espiral de conflictividad que desnuda la falta de planificación, la improvisación y la desidia de su administración municipal.
Hoy, los números son el espejo de una realidad que se niega a ver el intendente Andreychuk: una ciudad cada vez más violenta, más desigual y más conflictiva, donde el asistencialismo reemplazó a la política y el marketing al compromiso real.
