Con el doble voto decisivo de la presidencia del Concejo, se validó una reforma fiscal que no solo aumenta el valor de la Unidad Tributaria Municipal (UTM) en un 150%, sino que también incrementa la cantidad de UTMs requeridas para la mayoría de los trámites y derechos municipales. Esta medida se ha calificado como un «impuestazo» que, en la práctica, exprime a vecinos, transportistas y comercios.
Como Votaron los Concejales:
- Lorena Luna: POSITIVO
- Julios Juárez: POSITIVO
- Claudio Gaineddu: POSITIVO (Doble Voto)
- Edgardo Martino: NEGATIVO
- Pablo Bonacina: NEGATIVO
- Maximiliano López: NEGATIVO
El Doble Golpe al Bolsillo: Aumento del Valor y de la Cantidad de UTMs
El impacto de la nueva ordenanza se traduce en una multiplicación de los costos que supera con creces la inflación actual. El valor de la UTM, que en 2024 era de $199, ha sido elevado a $493. Sin embargo, la maniobra fiscal no se detiene ahí. La ordenanza también aumenta la cantidad de UTMs exigidas por cada trámite, generando un efecto acumulativo que resulta en un costo final significativamente mayor.
Para ilustrar el impacto de la medida, se pueden observar casos concretos:
- Derecho de piso para camiones: El costo pasó de 70 UTMs (equivalentes a $14.000) a un máximo de 200 UTMs ($98.600), lo que representa un incremento del 600%.
- Remises: El sector verá un aumento en el valor de la UTM y en la cantidad mensual exigida por vehículo, lo que disparará sus costos fijos y probablemente se traslade al costo del servicio.
Además, la medida afecta a una amplia gama de actividades y servicios, como los costos del cementerio municipal, la celebración de espectáculos y eventos sociales, la ocupación de espacios públicos, la publicidad, y los trámites automotores, donde se aplican porcentajes sobre la valuación del API y se establecen mínimos muy elevados.
Críticas a la Gestión y los Argumentos del Oficialismo
El oficialismo justifica este «impuestazo» alegando «bajos montos de coparticipación» y la necesidad de una «adecuación impositiva» para garantizar los servicios municipales. No obstante, esta argumentación ha sido recibida con escepticismo. La crítica principal se centra en que la ordenanza busca aumentar la recaudación sin un compromiso visible de reducir el gasto político o de mejorar la eficiencia de la gestión, lo que genera la percepción de un municipio «cada vez más caro y voraz».
Se cuestiona si esta es una administración responsable o, por el contrario, un «degeneramiento fiscal» que busca cargar sobre los contribuyentes el peso de la mala administración.
