El documento identificó que el número de mujeres que no pueden acceder a planificación familiar y que se enfrentan a embarazos no planeados, violencia por razón de género y otras prácticas nocivas «podría dispararse a razón de millones de casos durante los próximos meses», por el contexto de pandemia.
Entre los datos analizados, el estudio concluyó que «es posible que 47 millones de mujeres de 114 países de ingresos bajos y medianos no puedan acceder a anticonceptivos modernos, y se prevé que se producirán 7 millones de embarazos no planificados si el confinamiento se prolonga 6 meses y los servicios de salud experimentan interrupciones importantes».
Y agregó que «por cada 3 meses que se mantenga el confinamiento, habrá hasta 2 millones más de mujeres que no puedan utilizar anticonceptivos modernos».
«Este informe ratifica que el acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud reproductiva son prestaciones esenciales, y la importancia de garantizar el acceso a estas prestaciones. En Argentina la interrupción legal del embarazo (ILE) es un prestación de urgencia sensible, al tiempo que hay que garantizar, y se están priorizando», dijo a Télam Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Para Natalia Kanem, directora ejecutiva del Unfpa, «estos nuevos datos muestran el efecto catastrófico que pronto podría tener la Covid-19 en las mujeres y niñas de todo el mundo. La pandemia agrava las desigualdades, y las mujeres y niñas que ahora corren el riesgo de perder su capacidad para planificar sus familias y proteger sus cuerpos y su salud se suman por millones», analizó.
Y subrayó que «la salud y los derechos reproductivos de las mujeres deben salvaguardarse a toda costa. Los servicios deben continuar prestándose, los suministros deben entregarse, y debe protegerse y prestarse apoyo a las personas vulnerables».
En tanto, Mariana Isasi, oficial de Enlace de Unfpa Argentina analizó que «por un lado, no todas las provincias están garantizando la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva y por el otro, hay mujeres que prefieren no salir a buscar los anticonceptivos para no exponerse a contraer la Covid-19».
Asimismo «el aumento de la pobreza por la disminución de la actividad económica también tendrá consecuencias en la salud sexual y reproductiva dado que solo un 32% de las mujeres en Argentina acceden a anticonceptivos a través del sistema público de salud», agregó.
Argentina corre con ventaja
«Desde Unfpa estamos señalando, al igual que el Estado Nacional, que los servicios de salud sexual y salud reproductiva son esenciales. Restringirlos puede tener un impacto fuerte en la vida de cada una de estas mujeres y niñas, su comunidad y el país, y estamos apoyando a la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva para que pueda garantizar este derecho fundamental para la salud de las mujeres y las niñas», destacó la funcionaria.
Consideró que Argentina «cuenta con una ventaja respecto a otros países porque desde 2009 cuenta con un Programa de Salud Sexual y Reproductiva creado por ley y una provisión gratuita de una amplia canasta de métodos anticonceptivos, y cuenta con el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional, política pública que focaliza en las 12 provincias con mayores tasas de embarazo no intencional en la adolescencia».
Isla por su parte confirmó que «desde la Dirección se emitieron recomendaciones en este sentido y las provincias de Salta, Buenos Aires, Jujuy, Chubut, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe se han pronunciado acerca de la necesidad de mantener la provisión de servicios de anticoncepción e interrupción legal del embarazo durante la emergencia por el brote de Covid-19».
Y destacó que «en estas directivas provinciales se recomiendan adaptar los procedimientos de acceso a métodos anticonceptivos e ILE para garantizar la provisión permanente, dada su calidad de prácticas urgentes para que puedan ser resueltas en la primera consulta y evitar que se postergue la atención».
