Prisión preventiva para un policía acusado de amenazas en San Cristóbal

Un policía de 36 años ha quedado en prisión preventiva tras ser investigado por amenazas a distintas personas en la ciudad de San Cristóbal, en el departamento San Cristóbal. La medida cautelar fue dictada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Juan Gabriel Peralta, durante una audiencia remota en los tribunales locales.

La fiscal Hemilce Fissore está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son NRP, transite el proceso judicial privado de su libertad. El juez resolvió imponer la prisión preventiva por 60 días.

Amenazas a un vecino y a un periodista

Según la fiscal, el imputado cometió los ilícitos el viernes pasado en diferentes horarios mientras se encontraba de franco. Fissore relató que alrededor de las 17:00, al llegar a su casa, el policía amenazó a un vecino con agredirlo físicamente y con dispararle con su arma reglamentaria. El hombre amenazado expresó haber sentido temor por su integridad y la de su familia.

Momentos después, en el club Independiente de San Cristóbal, el imputado se acercó a un periodista, lo insultó e intimidó delante de varios niños presentes.

Hostigamiento hacia su expareja

Esa misma noche, en un contexto de violencia familiar y de género, el policía envió mensajes de WhatsApp ofensivos e intimidantes a su expareja. Posteriormente, se presentó en su domicilio, donde también se encontraba su hijo menor de edad, y la hostigó. La fiscal relató que la hermana y el cuñado del imputado intervinieron para evitar conflictos, pero fueron agredidos por el policía, lo que generó temor en su expareja.

Fissore enfatizó que durante la audiencia se destacó la reprochabilidad de las conductas del imputado, tanto hacia terceros como hacia su expareja. Se subrayó que un policía tiene responsabilidad las 24 horas, incluso de franco, y que el Código Penal no considera agravante el delito de amenazas cuando es cometido por un funcionario policial.

Decisión del juez y riesgos evidenciados

El juez Peralta determinó la prisión preventiva del imputado basándose en los elementos de convicción presentados por la fiscalía, que sustentan la autoría y materialidad de los hechos. Además, se tuvieron en cuenta los agravantes inherentes a que el imputado es un funcionario policial, autorizado a portar un arma de fuego, y que los hechos ocurrieron en lugares públicos, en presencia de niños y su propio hijo menor.

La fiscal indicó que el juez consideró el riesgo de entorpecimiento probatorio, especialmente en el contexto de violencia de género evidenciado hacia su expareja. Finalmente, se concluyó que las salidas alternativas propuestas por la Defensa no eran viables debido a la naturaleza del caso.