Matrices de corrupción perfectas, Ante el Tribunal Oral Federal 2 integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. el fiscal Diego Luciani comenzó su alegato en el juicio de obra pública, que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como principal imputada, con una fuerte crítica a la querella de la Unidad de Información Financiera, cuya exposición consideró como temeraria. Aseguró que “este Ministerio Público Fiscal, a diferencia de la UIF, tiene por acreditado que existió entre 2003 y 2015 una asociación ilícita que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz”.
Néstor y Cristina instalaron matrices de corrupción perfectas
Recordemos que la Oficina Anticorrupción desistió de su rol de querellante antes de su exposición y la Unidad de Información Financiera, que mantuvo su rol, decidió solicitar la absolución de todos los acusados por los delitos de asociación ilícita y defraudación al entender que a esta altura del proceso «hay más dudas que certezas y que sería irresponsable avanzar en una acusación”.
Tras este alegato y el cambio de postura por cómo venía actuando la UIF en la causa, un grupo de legisladores denunció a los titulares del organismo por incumplimiento de sus deberes y “encubrimiento agravado”. Ahora el fiscal consideró ese alegato «como poco serio y que tergiversó el valor de la prueba».
En un duro relato, Luciani sostuvo que “al asumir Néstor Kirchner la presidencia y luego su esposa (Cristina Kirchner) instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias. Lo extraordinario radica en la perpetuación en el tiempo”.
Consideró además que esto duró 12 años a través de un esquema reducido de personas pero de confianza máxima de los presidentes, donde se encubrió con una aparente legalidad. “Lo que ocurrió en Santa Cruz debe ser entendido como un ejemplo paradigmático de corrupción”.
En otro pasaje de su discurso refirió: “Vamos a probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos». Dijo que se constató que esto ha sido habitual y ejecutado por las mismas personas y que se trató de una defraudación millonaria y se escogió intencionalmente a Santa Cruz. “Se la puso bajo la órbita del ministro de Planificación y se la ubicó en enclave geográfico que conocían bien, Santa Cruz”.
Así, al hablar de esta maniobra de corrupción, explicó que para ello se diseñaron recursos legales. “Se proveyeron recursos materiales pero también se le dio al plan algo inaudito -se le dio un oferente-. No iban a dejar librado a los empresarios de la construcción. Crearon la empresa constructora y seleccionaron con cuidado a las personas prestas a contribuir en la maniobra”.
Así recreó que a las empresas de Lázaro Báez se le daba apariencia de legalidad en la adjudicación o se hacía una simulación de licitación pública. “Nos hemos sorprendido cuando revisamos esto. Lo que hay en esa documentación porque los expedientes hablan, mejor dicho gritan esos expedientes”.
Conocían las empresas que operaban en la provincia y a Lázaro Báez, el amigo del entonces presidente. Mucho se habían vinculado laboralmente con Lázaro Báez y muchos participaron en procesos licitatorios. Estas alertas son claros delitos de corrupción. A pesar de las irregularidades en cada uno de los expedientes quedaron grabadas las huellas del delito.
“Hemos acreditado el direccionamiento y la cartelización de la obra pública. Hemos advertido que hay licitaciones que no fueron autorizadas por el Congreso. Se convocó a licitación sin permiso del gasto”, remató.
