Este jueves, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Nación, el Gobierno formalizó que las personas privadas de la libertad no podrán recibir el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Lo hizo a raíz de algunos reclamos de familiares que solicitaban que los presos puedieran recibir el IFE, pero la Anses aclaró que las personas privadas de su libertad no pueden ser destinatarias de este beneficio.
«Aclárase que las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios”, dice la resolución.
Cuando se lanzó el IFE, se generó polémica por la posibilidad de que personas encarceladas pudieran estarlo recibiendo. Pero el reclamo de familiares demostraba que no era así.
El IFE, cuyo tercer pago comenzó a realizarse esta semana, abarca a casi 9 millones de personas, sobre todo desocupados o trabajadores de la economía informal, que perciben 10 mil pesos por parte del Gobierno Nacional para mitigar los efectos de la pandemia en la actividad económica.
