El juicio por la causa Cuadernos ha comenzado, marcando un hito en la historia judicial de Argentina. Este proceso no solo involucra a figuras prominentes de la política, sino que también revela un entramado de corrupción que ha sacudido al país. A medida que avanza el juicio, se desvelan detalles sobre los acusados y las implicaciones legales que enfrentan.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en el centro de esta controversia, acusada de liderar una asociación ilícita y coautoría en delitos de cohecho. Este juicio no es un caso aislado; se considera la investigación de corrupción más extensa en la historia de Argentina, generando atención tanto a nivel nacional como internacional.
Inicio del juicio y contexto general
El juicio comenzó este jueves a las 9:30 a.m., con una transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación. La fiscal general, Fabiana León, lidera la acusación y describe la causa como un fenómeno sin precedentes en el ámbito judicial argentino y comparable a escándalos de corrupción en otras partes del mundo.
El tribunal que preside este caso está compuesto por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, del Tribunal Oral Federal N°7. Durante el primer mes de juicio, las audiencias se llevarán a cabo cada jueves, comenzando con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio del caso principal y de causas conexas.
Es importante señalar que el proceso judicial se estima que podría extenderse por lo menos tres años, lo que implica que el seguimiento de este caso será crucial para la opinión pública y para la política argentina.
Quiénes son los principales acusados
El banquillo de los acusados no se limita a Cristina Fernández de Kirchner. Un total de 86 acusados se enfrentarán a la justicia, incluyendo a ex funcionarios de su administración y a una significativa cantidad de empresarios del sector de la obra pública. Algunos de los ex funcionarios que compartirán el banquillo son:
- Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal.
- José López, ex secretario de Obras Públicas.
- Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación.
- Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ex secretarios de Transporte.
Además, hay 540 hechos de presuntos pagos ilegales que se investigarán, relacionados con sobornos de empresarios a funcionarios públicos para obtener contratos de obras estatales. Entre los empresarios más destacados involucrados se encuentran:
- Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri).
- Aldo Roggio.
- Carlos Wagner.
- Gerardo Ferreyra.
- Héctor Sánchez Caballero.
- Armando Loson.
- Néstor Otero.
- Alberto Taselli.
- Enrique Pescarmona.
El remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen a esta causa, también se encuentra entre los acusados, aunque actúa como imputado colaborador, lo que podría influir en el desarrollo del juicio.
Los delitos y las penas previstas
La acusación sostiene que existió una asociación ilícita dentro del Poder Ejecutivo, que tenía como objetivo recaudar dinero de empresarios a cambio de la adjudicación de contratos estatales. Los delitos que se juzgarán incluyen:
- Asociación ilícita.
- Cohecho.
- Dádivas.
- Encubrimiento.
Las penas previstas para estos delitos son severas. La asociación ilícita podría conllevar penas de hasta 10 años de prisión, mientras que el cohecho, que implica la aceptación de sobornos, tiene una pena máxima de 6 años.
Próximas etapas del proceso judicial
A partir de marzo de 2026, el tribunal planea adicionar un día más de audiencias a la semana, lo que acelerará el proceso. Las declaraciones indagatorias de los acusados están programadas para terminar este año o justo después de la feria judicial de enero. La decisión sobre si estas audiencias se realizarán de forma virtual o presencial aún está pendiente, y será crucial para definir la dinámica de este juicio tan relevante.
Este juicio no solo es un evento judicial, sino que también es un acontecimiento que podría influir en el futuro político de Argentina. La percepción pública y la confianza en las instituciones se verán afectadas por el desenlace de este proceso, que representa la lucha del país contra la corrupción y la impunidad en el ámbito político.
