Investiga la desaparición de Maxi Sosa – El fiscal federal de la ciudad de Rafaela, Gustavo Onel, solicitó este lunes que la causa que investigó la desaparición del niño Maximiliano Sosa, de tres años, de la ciudad de Ceres sea elevada al Tribunal Oral Federal de Santa Fe para su posterior juicio oral y público.
El caso tiene como imputados a la abuela del menor, Patricia Sayago y su pareja, Ariel Malagueño, los cuales, desde el inicio de la investigación, que se tramitó en la Justicia provincial y después cambió al fuero federal, estuvieron imputados en la causa. Los mismos se encuentran actualmente bajo la medida cautelar de prisión preventiva desde julio del 2016, cuando fueron detenidos por personal de la Agencia de Investigación de Trata de Personas.
Gustavo Onel, el fiscal federal está que está a cargo de la investigación.Maiquel Torcatt/ Aire Digital
En concreto el fiscal acusó a Sayago y Malagueño de haber sustraído al pequeño sin el consentimiento de su madre, entre los días 18 y 21 de diciembre del año 2015. De la misma forma, les atribuyó haberlo “retenido y ocultado” en un inmueble donde habitaban los imputados, conocido como el “Chalecito”, ubicado en la localidad de Colonia Montefiore cuanto menos hasta el día 26 de junio del año 2016.
La elevación a juicio también formalizó la acusación contra Sayago por haber efectuado una falsa denuncia el 21 de diciembre del 2015, a las 19.40, en la Comisaría Segunda de Ceres cuando el niño desapareció del barrio Juan Pablo II.
Por el caso también fue vinculado a la causa y también procesado un hombre identificado como Pablo Américo Pinedo, el cual fue catalogado por el entonces juez federal Miguel Abásolo (hoy retirado) como “partícipe primario” de la desaparición del niño. Sin embargo, aquel fallo fue apelado por las defensas de los imputados por lo que un tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (jueces Anibal Pineda y Guillermo Toledo) dictó la falta de mérito contra Pinedo.
El caso lleva más de cuatro años tramitándose entre el fuero provincial y federal. En un principio, la investigación estuvo encabezada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Cristóbal, Emilce Fissore y agentes de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de Santa Fe. Pero tras surgir sospechas de que existía el delito de trata de personas, la fiscal solicitó que la causa pase al fuero federal en 2017.
Así estaría Maxi Sosa en la actualidad.
A partir de allí, el tratamiento de la investigación tuvo sus idas y vueltas entre un fuero y otro, hasta que el 7 de junio del 2018 fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cual ordenó que el expediente se radique en el Juzgado Federal de Rafaela. Al año siguiente, el 16 de julio, el entonces fiscal subrogante Federico Grimm quiso declarar la incompetencia en el caso y el juez Abásolo hizo lugar.
Pero la pretensión, tanto del juez como del fiscal, fue apelada por la defensa de Sayago, a cargo del defensor oficial, Marcelo Cerdá. En efecto, tuvo que resolver tal incidente judicial un juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Finalmente a principios de septiembre, el juez Guillermo Toledo, no hizo lugar al planteo de Abásolo y dispuso que continúe la causa en el Juzgado rafaelino. Posteriormente, con la llegada del nuevo fiscal federal, Gustavo Onel, la causa cobró impulso y derivó en la reciente elevación a juicio del expediente.
