Un comisario y otros cuatro agentes
fueron acusados de haber tenido responsabilidad en el fallecimiento de
María de los Angeles Paris ocurrido dentro de la seccional 10ª en Mayo
del 2017.
Tuvieron que pasar más de dos años de la muerte de María de los Angeles Paris para que la investigación judicial exhiba algunos resultados. Recién esta semana en el Centro de Justicia Penal (CJP) la fiscal de la unidad de Violencia Institucional, Karina Bartocci, imputó a los cinco policías de la comisaría 10ª (Darragueira al 1100) involucrados en el caso.
Al comisario Silvio C. y a la agente Susana D. les endilgó los delitos de “homicidio preterintencional e incumplimiento de los deberes de funcionario público” en concurso real, en calidad de coautores, mientras que a Silvina G., Andrea A. y Damián Z. una calificación menor como coautores de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Hace dos años
El resonante hecho ocurrió el 3 de mayo de 2017 en la Comisaría 10ª de la zona norte de Rosario. A las 21 de ese día María de los Ángeles se presentó en la sala de guardia de la seccional, donde fue atendida por la suboficial Andrea A., quien pudo observar que necesitaba algún tipo de atención médica, pero que no requirió en ese momento.
Luego, a las 21.40 la mujer caminó por calle Darragueira hacia el Sur hasta la intersección con Marull, donde intentó subir unas rejas de la casa vecina. Además trató de subir a un auto y corrió unos pasos por la calle.
Según la hipótesis fiscal, en medio de esas crisis de nervios que atravesaba Paris intervinieron los agentes Damián Z. y Andrea G., la hicieron ascender a un patrullero y se dirigieron nuevamente a la comisaría. La bibliotecaria bajó del vehículo y permaneció unos minutos sentada en el tapial de la comisaría. Pero nuevamente salió del lugar y se dirigió a un domicilio vecino, por la misma vereda cerca de la intersección con calle Maciel.
En esa instancia intervino el comisario Silvio C., quien la tomó de los cabellos y la sujetó del cuello. Tras inmovilizarla le colocó su brazo por detrás de la espalda, maniobra de la que participó la agente Susana D., quien a su vez la tomó de los pies. Mientras la víctima trataba de zafarse, la introdujeron nuevamente en la comisaría.
Desmedida violencia
Al mismo tiempo el comisario le colocó las esposas en las manos por delante para apoyarla boca abajo sobre el piso de un cuarto de la dependencia. Para la fiscal, la desmedida violencia ejercida sobre la bibliotecaria le provocó una lesión, y como consecuencia de esta situación y el negligente accionar de los agentes, al no requerir urgente asistencia médica, determinaron su fallecimiento.
En ese sentido, la fiscalía estableció respecto de los policías Z., G. y A., que omitieron solicitar asistencia médica oportuna, ya que el primer llamado al Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies) lo hicieron a las 22.10. Respecto del jefe policial Silvio C. y la subordinada Susana D., se los acusó como coautores de los delitos de homicidio preterintencional e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para los tres agentes solicitó el incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores.
En relación a las medidas cautelares, la fiscal impulsó alternativas a la prisión. Sin embargo la querella requirió que los policías con acusaciones más graves transiten la prisión efectiva, y para el resto de los imputados medidas cautelares no privativas de la libertad.
Delitos graves
Aunque el juez José Luis Suárez no hizo lugar, la querella había solicitado para los dos policías más comprometidos que se los impute de torturas seguidas de muerte, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad, por abuso funcional agravado, con incumplimiento de los deberes de funcionario público y sustracción o inutilización de objetos custodiados.
Para los tres agentes requirió que se encuadre su conducta con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores en concurso real con sustracción e inutilización de objetos custodiados en calidad de coautores. La defensa sostuvo la atipicidad de los delitos imputados.
Finalmente el magistrado aceptó las calificaciones legales presentadas por la Fiscalía respecto de todos los imputados, al tiempo que rechazó las calificaciones legales solicitadas por la querella. Además dispuso, para todos, la morigeración de la prisión preventiva, con la obligación de informar cambios de destino laboral, prohibición de acercamiento y contacto con los testigos del proceso y familiares de la víctima, fijar domicilio y prohibición de salida del país por el plazo de ley.
