“Defendemos EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA de las FAMILIAS SANCRISTOBALENSES que hace años esperan su concreción”, insistió el senador Felipe Michlig.
Una vez más, el legislador no vaciló en defender los intereses de los sancristobalenses, incluso enfrentando a un ministro de su propio espacio político dentro del frente Unidos. Durante la sesión del jueves en el Senado, cuestionó con firmeza presuntas conductas de discrecionalidad y favoritismo que, según afirmó, “no se condicen con lo que se propuso a los santafesinos en la última campaña electoral”.
Sus palabras resonaron con fuerza más allá del recinto legislativo.
Críticas directas al ministro de Obras Públicas
Los cuestionamientos apuntaron directamente al ministro Lisandro Enrico, en un contexto que no pasó desapercibido: quien los formula no solo pertenece al mismo gobierno, sino que además es presidente de la UCR y presidente provisional del Senado.
Michlig argumentó un pedido de informes reclamando la reactivación urgente del plan de 54 viviendas, obras que cuentan con un 52% de avance y están en condiciones de retomarse de inmediato.
La preocupación radica en la posibilidad de que se hayan priorizado de manera “discrecional, poco transparente e injusta” otros proyectos habitacionales en la provincia, en el marco de convenios que permiten reactivar obras abandonadas por el gobierno nacional durante la gestión de Javier Milei.
Reclamo social y sospechas de favoritismo
El malestar también se trasladó a la comunidad. Familias sancristobalenses expresaron sentirse discriminadas e indignadas, señalando que “no se puede hacer politiquería barata con el derecho a la vivienda”, en referencia a la posible priorización de obras en el departamento del propio ministro.
A través de un petitorio, vecinos comenzaron a reunir firmas exigiendo transparencia y criterios claros en la asignación de recursos.
En ese marco, el pedido de informes solicita precisiones sobre los criterios utilizados en el cronograma de inversiones provinciales. Según trascendió, se trataría de inversiones millonarias cuya asignación genera dudas incluso dentro del propio gobierno.
Doble cargo y debate institucional
Otro de los puntos que reavivó el debate fue la situación institucional de Enrico, quien mantiene su banca legislativa mientras ejerce como ministro, lo que abre cuestionamientos sobre la legalidad y ética del doble cargo.
El pedido de informes fue aprobado por unanimidad, incluso con el voto de la senadora Leticia Di Gregorio, lo que potenció el impacto político del planteo.
Desde el oficialismo, la vocera Virginia Coudannes indicó que el informe debe ser respondido con claridad, aunque el ministro salió públicamente a cuestionar a los legisladores que exigen explicaciones, en lo que algunos interpretan como un intento de desviar la atención del eje central del conflicto.
Un reclamo por transparencia
“Enrico no puede jugar con el sueño de la casa propia”, es la consigna que resume el reclamo de las familias afectadas.
Desde distintos sectores se exige que el ministro brinde explicaciones claras y concretas, especialmente ante la situación de 54 familias de San Cristóbal que continúan esperando la finalización de sus viviendas.
Un conflicto que escala dentro del oficialismo
El caso expone fuertes tensiones internas dentro del gobierno provincial y abre interrogantes sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos.
Incluso, desde sectores locales remarcaron que no se trata solo de discutir la continuidad del doble cargo, sino de esclarecer si hubo decisiones discrecionales que perjudicaron a comunidades con prioridad habitacional.
En ese sentido, recordaron el alcance del artículo 80 de la Constitución provincial, que habilita a las Cámaras legislativas a requerir la presencia de ministros para brindar explicaciones sobre su gestión.
