La exiliada fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz compartió las imágenes del cuerpo del ex policía que se rebeló al régimen y señaló que las enviará a la Corte Criminal Internacional como prueba de que la masacre fue ejecutada contra el grupo de sublevados por órdenes del dictador chavista. IMÁGENES SENSIBLES
La exiliada fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz compartió este jueves estremecedoras imágenes del cuerpo del ex policía que se rebeló al régimen de Nicolás Maduro, Óscar Pérez, luego de ser abatido por las fuerzas de seguridad chavistas.
A través de su cuenta de Twitter, la magistrada señaló que enviará en los próximos días a la Corte Criminal Internacional las más de 300 fotos que tiene de la masacre que llevó a cabo la Policía Nacional de Venezuela en El Junquito contra Pérez y un grupo de sublevados.
“Esa evidencia no deja ninguna duda de que lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un crimen de lesa humanidad”, aseguró Ortega Díaz.
“Este registro de más de 300 fotos irá acompañado de un informe forense que certifica la ejecución de este grupo de venezolanos a manos de funcionarios y paramilitares que sirven a la tiranía”, agregó.
Las imágenes que difundió la ex fiscal general de Venezuela muestran los numerosos impactos de bala que recibió Pérez en la cabeza y en el cuerpo. Sin embargo, la magistrada aseguró que antes de realizar la publicación conversó con “algunos familiares de las víctimas”.
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Ortega Díaz detalló, asimismo, que durante el operativo en El Junquito murieron colectivos chavistas. Pero aclaró que estos no fueron abatidos por Pérez y su grupo de sublevados, sino “por sus compañeros de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES)”.
“También tenemos pruebas contundentes de que las dos personas de colectivos que murieron durante el hecho fueron asesinadas por sus compañeros del FAES, quienes ejecutaron la masacre por órdenes de Maduro”, aseveró.
No es la primera vez que Luisa Ortega presenta pruebas de los crímenes de Maduro. Tras ser destituida por el régimen el 5 de agosto de 2017, y posteriormente forzada a abandonar el país, la funcionaria se convirtió en una de las críticas más fuertes de la dictadura, y continúa presionando a través de sus denuncias como fiscal general en el exilio. Entre otros casos, la jurista, especialista en derecho procesal y derecho penal, presentó pruebas de los crímenes de lesa humanidad y los hechos de corrupción del régimen, algunos de los cuales estuvieron vinculados con el caso de la petrolera brasileña Odebrecht.
Pérez fue abatido el 15 de enero de 2018 luego de varios meses de clandestinidad tras rebelarse contra la dictadura chavista. Ese día, la Policía Nacional lo rodeó y después de un enfrentamiento armado lo terminó abatiendo.
Durante el transcurso del operativo, el ex policía publicó una serie de videos en Instagram en los que señalaba que las autoridades lo tenían cercado a él y al grupo que lo acompañaba.
En varios de ellos, Pérez aseguró que se quería entregar a las autoridades, pero afirmaba que no dejaban de disparar pese a su disposición. En su último vídeo, se observa al policía con manchas en la cara, que parecen sangre, y gritando: “Nos vamos a entregar, no sigan disparando”. Pérez aseguró en ese último audiovisual que tenían heridos.
En otros videos indicó que las fuerzas de seguridad les dijeron que los querían asesinar y que no querían que se entregaran. También se dirigió a sus hijos para señalarles que lo que había hecho era por ellos y por todos los niños de Venezuela.
En el operativo fueron asesinadas otras seis personas, y la misma cantidad de detenidos, acusados de formar parte de una “banda terrorista”.
Pérez, piloto e inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC), cobró trascendencia en julio de 2017 cuando, en medio de las protestas contra la dictadura chavista, que dejaron más de 100 muertos por la brutal represión, lanzó, según el Gobierno, varias granadas desde un helicóptero de la Policía científica contra dos edificios gubernamentales en Caracas.
Pérez, piloto e inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC), cobró trascendencia en julio de 2017 cuando, en medio de las protestas contra la dictadura chavista, que dejaron más de 100 muertos por la brutal represión, lanzó, según el Gobierno, varias granadas desde un helicóptero de la Policía científica contra dos edificios gubernamentales en Caracas.
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Este “ataque terrorista” no dejó ningún herido ni otros daños materiales significativos.
Desde entonces el uniformado se encontraba huyendo de las autoridades y el régimen venezolano tenía emitido un alerta nacional e internacional para su captura. En esos meses, Pérez, acusado de terrorismo, se convirtió en el hombre más buscado del país.
Tras su ejecución, la oposición venezolano acusó a la dictadura de Maduro de cometer un crimen de lesa humanidad y ha venido exigiendo que el caso sea juzgado en la Corte Penal Internacional de La Haya.
Tras ser destituida por el régimen el 5 de agosto de 2017, Luisa Ortega fue forzada a abandonar el país. Sin embargo, desde el exilio sigue presionando a la dictadura chavista.
Ya había presentado denuncias por crímenes de lesa humanidad y por hechos de corrupción vinculados al caso de la petrolera brasileña Odebrecht.
Es especialista en Derecho Procesal, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. También es especialista en Derecho Penal, egresada de la Universidad Santa María; y magíster en Dinámica de Grupos, egresada del Centro de Investigación y Estudio de la Dinámica Social (CIEDIS).
