En el marco del plan de ordenamiento y eficiencia que lleva adelante la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE), la presidenta del directorio, Anahí Rodríguez, anunció una reforma que transformará el proceso de factibilidades de suministros eléctricos.
“Vamos a lograr que los trámites se hagan entre 9 y 18 veces más rápido. Eliminamos pedidos injustificados y ponemos a la EPE como aliada del sector privado, sin trabas ni palos en la rueda”, expresó Rodríguez, destacando el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Plazos mucho más ágiles
La principal novedad es la reducción drástica de los tiempos:
- Factibilidades de hasta 300 kW: resolución en un plazo máximo de 7 a 15 días (antes demoraban entre 2 y 9 meses).
- Factibilidades de más de 300 kW: resolución en hasta 50 días (antes podían extenderse entre 6 y 18 meses).
“Vamos a reducir los tiempos entre 9 y 18 veces”, enfatizó Rodríguez.
Digitalización total del trámite
Otro punto central será la digitalización completa: los usuarios podrán iniciar y gestionar el expediente de manera online, sin necesidad de acudir a sucursales ni presentar documentación en papel.
La presidenta destacó que ahora “la gente podrá iniciar su expediente desde la oficina o la comodidad de su casa”.
Exenciones y beneficios
Además, se anunció que:
- Los emprendimientos productivos tendrán exenciones en cargos de expansión de la red de Alta Tensión.
- Los solicitantes hasta 190 kW y las industrias hasta 300 kW estarán exentas durante seis meses.
- Se extenderá a 12 meses el plazo para presentar el proyecto técnico, con prórroga automática en caso de adecuaciones.
Una EPE más cercana al sector productivo
El ministro Gustavo Puccini destacó que esta medida es parte de un proceso mayor de modernización de la empresa:
“Queremos una EPE ágil, sin trabas burocráticas, que deje atrás un esquema que demoraba inversiones. Esto se suma al ordenamiento que llevamos adelante con control de ingresos, control de vehículos con GPS y fin de los privilegios”.
La centralización de la gestión, la unificación de criterios y la fijación de plazos concretos buscan dar previsibilidad y transparencia al sector privado.
