Por ANDRES GIMENEZ – El conflicto se originó días atrás, cuando comerciantes locales comenzaron a quejarse de la instalación de una verdulería improvisada en el Paraje Gauchito Gil, a la vera de la Ruta 2, argumentando que esta operaba fuera de las regulaciones municipales y representaba una competencia desleal. Ante la falta de acción del municipio, un grupo de verduleros decidió reunirse con el intendente para exigir su intervención.
Sin embargo, fue este sábado cuando el tema escaló, al difundirse videos en redes sociales que, además de mostrar la venta de frutas y verduras, evidenciaban la presunta comercialización de pescado. Esto llevó a un operativo conjunto entre la Guardia Rural Los Pumas, la ASSAL y agentes municipales, quienes clausuraron el puesto por incumplimientos normativos.
La otra cara del operativo: indignación ciudadana y debate en redes
Lejos de aplacar las críticas, la intervención generó una oleada de reclamos en redes sociales. Muchos usuarios expresaron su apoyo a la venta de alimentos a precios más accesibles, mientras cuestionaban por qué otras irregularidades en la ciudad no reciben el mismo tratamiento.
El trasfondo de esta situación parece ser un choque entre el discurso municipal de «ordenar la ciudad» y su ejecución real. Las denuncias en redes apuntan a problemas sistemáticos en San Cristóbal:
- Ocupación del espacio público: puestos no autorizados o ampliaciones en veredas.
- Cría de animales en zonas urbanas: una infracción recurrente que sigue sin control.
- Servicios de transporte sin habilitación: una problemática que afecta tanto a usuarios como a transportistas legales.
¿Una política de ordenamiento parcial?
La ciudadanía cuestiona la coherencia de la gestión municipal. Si bien es cierto que el comercio formal requiere cumplir normativas como el Derecho de Registro e Inspección (DREI) y otras regulaciones, resulta difícil justificar por qué solo algunos sectores son sancionados, mientras otros operan con total impunidad.
El operativo en el Gauchito Gil deja en evidencia que el mensaje de “orden y cumplimiento” se estampa contra una gestión que no aplica la ley de manera uniforme. En una ciudad con múltiples irregularidades, los esfuerzos por hacer cumplir las ordenanzas terminan pareciendo selectivos y oportunistas.
El caso del Gauchito Gil no solo revela una brecha entre discurso y acción, sino que pone al descubierto las tensiones de una administración que enfrenta el desafío de recuperar la confianza ciudadana.
