El gobierno de Javier Milei reglamentará una iniciativa que propone arancelar la educación universitaria pública para los extranjeros no residentes en el país. La decisión será implementada mediante la modificación de la Ley de Educación Superior, y cada universidad tendrá la posibilidad de decidir si aplica o no esta medida.
Este anuncio se produce en el contexto de la reciente marcha universitaria que protestaba contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Según Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, «es razonable que los extranjeros que vienen a estudiar a nuestro país y luego se marchan sin pagar impuestos, hagan alguna contribución económica». Menem hizo estas declaraciones en el programa ¿La Ves? de TN, argumentando que en sus países de origen, la educación superior no es tan accesible como en Argentina, lo que explica la afluencia de estudiantes extranjeros.
Contexto y comparación regional
Menem también hizo una comparación con Chile, donde estudiar una carrera como Arquitectura puede costar más de 6.000 dólares, sin contar otros gastos como matrículas. El debate sobre el cobro a los extranjeros ha sido recurrente en Argentina, especialmente ante el crecimiento sostenido del número de estudiantes internacionales en las universidades públicas. Según el Ministerio de Educación, en 2015 había unos 56.000 estudiantes extranjeros en el sistema, una cifra que creció hasta los 117.820 en 2021.
Modificación a la Ley de Educación Superior
La iniciativa gubernamental se basa en la modificación del artículo 2° bis de la Ley N° 24.521, permitiendo a las instituciones de educación superior cobrar por la enseñanza de grado a aquellos que no sean ciudadanos argentinos nativos o que no tengan residencia permanente en el país. Sin embargo, el texto aclara que los estudiantes extranjeros podrán acceder a becas, y se fomenta la suscripción de convenios internacionales que faciliten el intercambio de recursos y mejores prácticas educativas.
Críticas y objetivos del gobierno
Si bien desde el Ejecutivo aseguran que la medida no busca desfinanciar el sistema educativo, sino mejorar la transparencia en el uso de los fondos, esta iniciativa ha generado divisiones dentro del país. Se espera que el debate sobre el impacto de esta reforma continúe, en un contexto donde la financiación universitaria sigue siendo un tema delicado y controversial.
El enfoque del gobierno es que, en un sistema donde los residentes argentinos tienen garantizada la gratuidad, los extranjeros deben hacer un aporte económico que refleje los costos que genera su acceso a la educación superior gratuita en el país.
