Es por la causa que investiga el lavado de activos con fondos provenientes de la venta de estupefacientes y que puso bajo la lupa una operación inmobiliaria que llevó a cabo el deportista y su padre con el matrimonio. La causa quedó a un paso del juicio. (Foto/ Noticias Argentinas)
La Justicia federal confirmó el procesamiento que dictó el 1 de abril del 2019 el juez N° 2 de Santa Fe, Francisco Miño, contra Elizabeth Yanina Campos, la esposa de Vicente Pignata, actualmente prófugo y sindicado como uno de los mayores proveedores de drogas de la región en los últimos años. Ambos son investigados por haber puesto en circulación dinero proveniente de actividades vinculadas a la venta de estupefacientes y en efecto construir un patrimonio que abarca siete importantes propiedades y más de diez automóviles adquiridos entre el 2011 y este año.
La medida judicial fue resuelta en la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario el pasado 4 de abril y estuvo a cargo de un tribunal conformado por los jueces José Guillermo Toledo y Elida Isabel Vidal. La misma alcanza además al basquetbolista -exgeneración Dorada- Carlos Delfino y su padre, por llevar a cabo una operación inmobiliaria con Pignata y Campos por medio de un contrato que involucró a una off-shore de Montevideo.
El fallo también dispuso confirmar además el procesamiento para Ramón Darío Campos, el suegro de Vicente Pignata. El mismo permanece detenido con prisión preventiva luego de haber sido acusado de ser el “testaferro” de los negocios inmobiliarios -y de adquisición de automóviles- que desarrollaron su yerno y su hija durante el periodo investigado.
Una Off Shore
Tal como lo hizo el juez Miño durante la investigación judicial impulsada por el fiscal Walter Rodríguez, los camaristas rosarinos pusieron la lupa en la operación inmobiliaria que llevaron a cabo Pignata y Campos con los Delfino, por la supuesta venta de la Unidad Funcional N° 343 del Club de Campo “El Paso” -donde residía Delfino hijo-. Dicha casa estaba a nombre de la off shore Parmery Trading S.A. que se encuentra radicada en la ciudad de Montevideo y cuyo titular, llamativamente era el propio Delfino (padre).
Por esa operación inmobiliaria, el 9 de noviembre del 2017 Delfino hijo informó al Consejo de Administración del barrio privado que la casa iba a estar habitada por Pignata y Campos. Un año después, Delfino (padre), facultó al matrimonio a poder llevar a cabo remodelaciones, ampliaciones, mantenimiento, y demás servicios e instalaciones sobre el inmueble. Sin embargo, nunca existió un boleto de compraventa sobre la adquisición de la casa y por ello, tanto el basquetbolista como su padre fueron salpicados por la causa que investigó los oscuros negocios que llevaron a cabo los Pignata.
Sobre esa cuestión, su abogado particular, Néstor Oroño, cuestionó que ninguna persona que “vende algo a otro, o le presta un servicio lícito, puede ser imputada en una causa por el lavado de activos”, mientras que los jueces le respondieron al letrado que no “constituye lavado” si alguien le vende a otro algo sin importarle de dónde salió el dinero para comprarlo, siempre y cuando se haya seguido el “procedimiento estándar” para el tipo de operación que efectúa. “Ese procedimiento estándar no se siguió en el caso”, sostuvo el fallo.
Padre e hija
Los jueces también fallaron en contra la esposa de Pignata y su padre, Ramón Campos. A este último, los magistrados volvieron a acusarlo como quien puso los vehículos de Pignata a su nombre y actuó como testaferro del matrimonio pese a que en la indagatoria sostuvo que su hija y yerno se lo habían pedido “sin brindar otra explicación”. En esa linea, pusieron en duda sus dichos que sostenían que “hacía tiempo que no veía a su hija y al propio yerno”, mientras que los investigadores detectaron que Campos pasaba la mayor parte del tiempo en el local de su hija y en reiteradas oportunidades se lo vio hablando con Pignata.
Sobre si el hombre debe permanecer en prisión preventiva, Toledo y Vidal hicieron hincapié en el posible entorpecimiento probatorio que le acusó el juez Miño cuando lo procesó. Es que según surge de la causa, el 26 de noviembre del 2018, Campos recibió “avisos” policiales que dieron cuenta sobre la posible ejecución de un allanamiento en la casa del country El Paso y que tuvo como fin detener a Pignata, cuya detención no se concretó.
Finalmente y en torno a la esposa de Pignata, quien recientemente fue detenida el pasado 30 de septiembre por la Brigada Operartiva Departamental I La Capital y a la cual se le revocó el beneficio de la prisión domiciliaria, el fallo dispuso confirmar el procesamiento que dictó Miño en su contra tras determinar que la mujer continuó en contacto con su marido pese a que en su indagatoria dijo “que hace tiempo no tiene contacto con Vicente”. Así lo reveló el allanamiento que ejecutó la Policía Federal el 13 de marzo pasado en el campo de Bowen (Mendoza) que es propiedad de Pignata. En ese entonces, un empleado de ese establecimiento indicó a los pesquisas del caso que mantenía contacto con Pignata de manera telefónica y que al mismo lo había visto quince días antes con su familia.
No obstante ello, el fallo también se refirió a la situación procesal de la misma y descartó el planteo de la defensa que sostuvo que Campos siempre estuvo sujeta al proceso judicial ya que los jueces argumentaron que “no se ha logrado desvirtuar la presunción de peligrosidad”. Para comprobar eso, los magistrados describieron una serie de situaciones que ocurrieron desde que la mujer fue allanada en marzo de este año. Por ejemplo, los remarcaron que Campos incumplió con las obligaciones asumidas en el acta de caución juratoria, cuando se ausentó del lugar fijado como su residencia, la casa del country El Paso, sin dar conocimiento al Juzgado.
En ese entonces, el 21 de marzo, cuando personal de la Policía Federal Argentina fue hasta dicha propiedad para realizar un informe socio ambiental, la esposa de Pignata no estaba y según explicó quien estaba encargado de la seguridad del barrio privado, Campos se había retirado hacía tres días. A ello se suma además que dentro de la vivienda los sillones se encontraban “tapados con una telas” lo que aparentaba para los pesquisas de que la propiedad “no se habitaba” de manera habitual.
