Después de más de 4 horas de audiencia, la verdad es que seguimos sin respuestas y además nos llevamos varias preocupaciones. Vimos con sorpresa como la funcionaria, con total desparpajo y a veces hasta soberbia, le faltó el respeto a los legisladores y legisladores presentes. Delante de un ministro en silencio y cabizbajo, sólo pudo mostrar una compra por 54 millones mientras el resto del dinero está atrapado en una maraña administrativa que le quita recursos a la Policía y castiga a los vecinos.
La Ley de emergencia es una herramienta para agilizar los trámites y obtener recursos de manera más rápida. A 10 meses de tenerla a disposición, a 2 meses de vencer, el gobierno de Omar Perotti ejecutó menos del 1,6%. En un contexto de inflación creciente, lo que no se compró en febrero hoy cuesta mucho más. En una situación de crisis de Seguridad, los recursos que no se proveen, alimentan el sufrimiento de los vecinos que padecen robos, entraderas, asesinatos y balaceras todos los días.
La preocupación se acrecienta si pensamos en la imagen de un ministro callado y subordinado a una funcionaria con línea directa al gobernador Perotti. El Ministerio de Seguridad necesita, como ningún otro, una voz de mando clara sobre una fuerza vertical de 23 mil policías y 5 mil hombres y mujeres del Servicio Penitenciario. Dotar de recursos a la Policía; de móviles, de combustible, de equipamiento; no puede depender, como parece ser el caso, de la decisión de una administrativa que no conoce de Seguridad. El rol del ministro parece quedar subordinado a una funcionaria que se impone ante la presencia de un superior.
Tras este papelón le reiteramos al gobernador Omar Perotti, responsable principal de las políticas de Seguridad, que le dé a su ministro el poder necesario para llevar adelante un plan de Seguridad que lleve a mejorar este desastre.
Gobernar bien es gestionar, invertir y dar respuestas a la gente.
