El viernes por la noche trabajadores de la recolección de residuos de la Municipalidad de San Cristóbal reclamaron un aumento salarial. Se trata de empleados contratados que, pese a realizar un servicio esencial, perciben ingresos bajos y sin estabilidad laboral.
El conflicto se dio en una semana marcada por el paro de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM). Aunque estos trabajadores no están sindicalizados, el gremio local intervino para mediar y garantizar la continuidad del servicio.
Tras negociaciones, se alcanzó un preacuerdo: el municipio habría ofrecido una parte del aumento reclamado con la promesa de completar la cifra en los próximos días y revisar los contratos a fin de mes.
La contradicción política
El episodio cobra otra dimensión al recordar la imagen reciente del intendente Marcelo Andreychuk y del secretario de Gobierno Ramiro Muñoz participando de movilizaciones vinculadas al reclamo salarial de la policía y docentes, organizadas por los distintos gremios.
Para muchos vecinos, aquel gesto tuvo más contenido político que una preocupación real por los salarios. La lógica que surge es simple: si la defensa del “salario digno” fuera genuina, debería empezar por la propia estructura municipal.
Marchar por mejores sueldos mientras empleados del municipio cobran salarios que apenas alcanzan para vivir deja una contradicción difícil de explicar.
Un debate que queda abierto
Por ahora la recolección de residuos está garantizada, pero el reclamo dejó expuesto un problema de fondo: trabajadores esenciales con salarios bajos y contratos frágiles.
Más allá del acuerdo momentáneo, la discusión que queda planteada en San Cristóbal es clara: la coherencia entre el discurso político y las decisiones de gestión.
