El Gobierno de Santa Fe encendió las alarmas por el aumento de amenazas en escuelas. En una sola jornada se registraron 65 incidencias, muchas vinculadas a mensajes, pintadas o contenidos que simulan ataques.
Las autoridades fueron contundentes: estas acciones no son juegos ni desafíos virales, sino hechos que alteran el funcionamiento escolar y generan angustia en toda la comunidad.
El rol clave de las familias
Desde el Ministerio de Educación se hizo un fuerte llamado a reforzar el diálogo en los hogares y a trabajar el tema dentro de las escuelas.
El ministro José Goity remarcó la necesidad de una alianza entre familia, escuela y Estado para prevenir estas conductas, especialmente en un contexto donde las redes sociales amplifican el impacto.
Consecuencias que van más allá de la escuela
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, advirtió que las amenazas están tipificadas como delito de intimidación pública, con posibles penas de prisión.
Además, incluso cuando intervienen menores, los hechos dejan antecedentes que pueden afectar su futuro, desde certificados de conducta hasta restricciones para viajar.
El costo también se paga
El Gobierno también puso el foco en el impacto económico: cada operativo de seguridad tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos.
Por eso, se avanzará judicialmente para que esos gastos sean reclamados a los responsables, sumando una consecuencia directa para las familias.
