Por orden de dos fiscales de la ciudad de Santa Fe se están realizando allanamientos en las sedes de Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad. El operativo está vinculado con una causa que llevan adelante los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En el operativo -ejecutado por el Organismo de Investigaciones- se secuestraron teléfonos celulares de funcionarios.
En la sede de la cartera de seguridad de la capital provincial, las oficinas allanadas son la del secretario de Seguridad, Germán Montenegro, del secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Maximiliano Novas y del subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez.
La medida ordenada por los fiscales está relacionada con una denuncia en el marco de una licitación para la compra de armas por parte del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
El conflicto se originó por un planteo que realizó la firma Bersa S.A. que produce pistolas semiautomáticas a nivel nacional y la cual ya participó en otros procesos licitatorios abiertos por el Estado provincial.
El operativo está vinculado con una causa que llevan adelante los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández del Ministerio Público de la Acusación (MPA).Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, fiscalesGentileza MPA
Un fallo de Cámara en lo Contencioso Administrativo N°1 de los Tribunales había frenado la licitación N°11/2021 que buscaba adquirir «Armamento con destino a la Policía de la Provincia de Santa Fe” mediante una convocatoria anunciada en el Boletín Oficial del 14 de enero pasado.
En dicha convocatoria se buscaba que una sola empresa pueda aportar 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 subametralladoras, 130 fusiles de asalto, un total de seis fusiles semiautomáticos para francotirador y otros seis fusiles para francotirador de cerrojo manual.
La licitación tenía como objetivo además recepcionar hasta el 2 de febrero pasado todas las propuestas de las empresas, mientras que la apertura se realizaría el 5 de febrero a las 10 de la mañana.
Sin embargo, todo ello se vio frenado luego de que la firma Bersa S.A. interpuso un amparo tras argumentar que la licitación provincial “vulnera el derecho de poder participar” tras sostener que “no solo restringe en forma irregular y arbitraria la participación de posibles oferentes en el procedimiento vulnerando los principios de igualdad, concurrencia, competencia y transparencia, sino que también permite anticipar que la licitación será adjudicada a la única oferente que puede aportar los productos que cumplen en forma precisa las especificaciones técnicas”.
También argumenta que “la licitación del pliego es manifiestamente ilegítimo por resultar viciado en el objeto; por ser irrazonable; y por carecer de motivación”. No obstante, sostiene en otra parte que la postura del Estado santafesino no permite generar una mayor competencia.
