Reincidente y con prisión domiciliaria – Tres allanamientos se ordenaron entre 2018 y 2021 en los domicilios fijados por los acusados; y en cada uno de ellos el resultado fue positivo en cuanto al hallazgo de cocaína y marihuana.
El primero se produjo el 25 de noviembre de 2018, en una vivienda de la calle Riobamba al 1200, donde convivían G. V. (36) -al cuidado de sus hijos menores de edad- y D. R. un empleado rural de 30 años, también con antecedentes penales.
Kiosco y delivery
Un mes antes, efectivos de la Brigada Antinarcóticos XIII informaron al Juzgado Federal de Rafaela acerca de las sospechas que existían de que allí funcionaba un kiosco de venta de drogas, las cuales también se entregaban por «delivery». En ese entonces, la mujer ya se encontraba cumpliendo condena en prisión domiciliaria, por un delito similar.
Si bien en dicha oportunidad el allanamiento lo dispuso la justicia provincial -que investigaba otros delitos-, en el lugar se hallaron 25,4 gramos de cocaína fraccionada en botellas de vidrio, dos cuadernos con anotaciones y dos chips de celular.
Los dos fueron detenidos y procesados por «tenencia de estupefacientes para su comercialización» y la mujer continuó bajo el régimen de prisión domiciliaria, aunque fijó domicilio en una casa de la calle Juan B. Justo.
Drogas y documentos
El 3 de agosto del 2020 fue nuevamente un juez del fuero Penal provincial quien ordenó allanarlos y una vez más se incautaron 81,8 gramos de marihuana, y un envoltorio con 4,2 gramos de cocaína, junto a plantines de marihuana, celulares y dinero en efectivo. G .V. volvió a ser procesada, en tanto D. R. se mantuvo prófugo, al menos hasta el 1° de noviembre del 2020, cuando personal de Gendarmería Nacional lo interceptó en una moto en un operativo de control del que pretendió fugarse.
Ajena a todo mandato legal, la mujer continuó dedicándose a la venta de estupefacientes como medio de vida. Así lo informaron los agentes de la BOA XIII al Juzgado Federal de Rafaela durante el verano de 2021.
Como consecuencia, el 14 de abril del año pasado, personal de la Dirección de Investigación Criminal sobre Narcotráfico irrumpió por segunda vez en la casa de Juan B. Justo, donde se encontró con 5,2 gramos de cocaína, 0,8 gramos de marihuana y una balanza digital.
Además, se hallaron seis documentos nacionales de identidad pertenecientes a 6 personas, que ni eran de la familia ni se encontraban en el lugar al momento de la batida. Según se cree, podrían pertenecer a «clientes» a los cuales les retenía el DNI hasta que cumplieran con el pago.
En esta última oportunidad, la mujer fue procesada en solitario (D. R. permanece detenido en Rafaela) por la droga y por el delito de «tenencia ilegítima de documentos nacionales de identidad auténticos ajenos (seis hechos)».
Juicio y acuerdo
Las dos causas que se seguían en forma independiente en la Justicia Federal, se acumularon en un solo expediente en agosto del año pasado. El 21 de febrero de 2022 estaba previsto el inicio del juicio oral, pero las partes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado, que se cerró este jueves 3 de marzo, con la sentencia del juez del TOF de Santa Fe, Luciano Lauría.
El fiscal auxiliar Guillermo Gschwind y los defensores particulares Daniel Rocca y Dionisio Ayala Fernández acordaron pena de 5 años de prisión, más multa y declaración de reincidencia tanto para G. V. como para D. R.
En el caso de la mujer, fue condenada en carácter de autora de «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -tres hechos- y tenencia ilegítima de documentos nacionales de identidad auténticos –seis hechos-«. Respecto de D. R. el delito fue el mismo -tenencia de estupefacientes con fines de comercialización- pero únicamente en dos oportunidades, dado que en el último allanamiento se encontraba preso.
En los considerandos del fallo, el juez Lauría explicó que además de los trabajos de campo del personal policial, «se obtuvieron mensajes de Whatsapp y Facebook alusivos a la actividad ilícita que se les reprocha y de cuyos contenidos se infiere claramente la intervención de ambos encausados».
Por último, el juez dispuso la unificación de condenas con otras anteriores y fijó como pena única para D. R. de 6 años y 8 meses; y para G. V. la de 8 años, que seguirá cumpliendo bajo la modalidad domiciliaria. En cuanto a los DNI secuestrados, la sentencia indica su remisión al Registro Nacional de las Personas.
Reincidente y con prisión domiciliaria «CON ANTECEDENTES»
D. R. cuenta con una condena del 25 de febrero de 2019, de tres años de prisión en la justicia provincial, por los delitos de coacciones, lesiones leves dolosas y quebrantamiento de inhabilitación judicial.
Por su parte, G. V. fue condenada el 19 de septiembre de 2019, por el mismo TOF de Santa Fe, por los delitos de transporte de estupefacientes y confabulación para el tráfico de estupefacientes, a 4 años y medio de prisión morigerada en domiciliaria.
Según la sentencia, la mujer fue detenida el 3 de febrero de 2017 por Gendarmería Nacional, arriba de un colectivo de la línea Coop. Tal que viajaba desde Santa Fe a San Cristóbal. En aquella oportunidad, la mujer estaba en pareja con otro hombre y juntos llevaban una mochila con un ladrillo de casi un kilo de marihuana.
NUEVO OPERATIVO
Este verano, precisamente el 12 de febrero, la Agencia de Investigación Criminal de San Cristóbal allanó una vivienda de la calle Riobamba al 1500, donde secuestró casi medio kilo de marihuana y detuvo a una pareja de 24 años, cuyos vínculos con los condenados se desconocen. Como en el caso de G. V. la mujer permanece en domiciliaria. Además de la droga, los uniformados encontraron dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, una balanza digital y un arma de fuego calibre 22.
