El requerimiento fue planteado en la acusación que la funcionaria del MPA presentó ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de Rafaela. En el documento también adelantó que solicitará seis años de prisión para el comisario al que investigó como autor de encubrimiento agravado.
Lema informó que “los acusados de torturas son un subcomisario; una subinspectora; un oficial; tres suboficiales hombres y una suboficial mujer. Es decir, todos los empleados de la comisaría de Sunchales”.
“Las torturas fueron realizadas dentro de la dependencia policial y los acusados actuaron al amparo de su investidura”, señaló la fiscal y remarcó que “tal fue su conciencia de impunidad, que actuaron frente a una mujer que estaba detenida y no les importó su presencia”.
Lema concluyó que “los policías investigados se comportaron como si fueran un grupo de fuerza armada y luego, para procurar su impunidad, intentaron encubrir y entorpecer la investigación a través de una versión falsa de lo sucedido”.
En la comisaría
“Los acusados llevaron a cabo su accionar delictivo entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana aproximadamente del viernes 18 de octubre de 2019 en el interior de la sede policial ubicada en avenida Belgrano al 300”, precisó la fiscal. También recordó que “los torturados son dos hermanos que habían sido legalmente privados de su libertad”.
Afirmó que “las víctimas sufrieron graves tormentos físicos y psicológicos mientras estaban maniatadas con los brazos hacia atrás”, y aclaró que “uno de los hombres atacados tenía esposas y el otro, precintos ajustados más de lo necesario”. Al respecto, aseveró que “ambos estaban en situaciones de vulnerabilidad”.
“De acuerdo con un plan previo, los uniformados insultaron y golpearon con los puños, los pies y hasta con un palo a los hermanos”, relató la representante del MPA. Asimismo, dijo que “los humillaron y los amenazaron con quitarles la vida. Además, a una de las víctimas le aplicaron la técnica conocida como submarino seco, mediante la cual se genera asfixia a partir de colocar una bolsa en la cabeza y también lo amenazaron con agredirlo sexualmente”.
Por otra parte, Lema narró que “como consecuencia de un golpe en la nuca, una de las víctimas atravesó un ventanal de vidrio y sufrió lesiones muy graves en distintas partes de su cuerpo, entre ellas, un corte en la vena yugular interna”. En tal sentido, sostuvo que “de hecho, pudo salvar su vida gracias al accionar de los médicos que lo atendieron”.
Por último, Lema explicó que “minutos después, el comisario investigado llegó a la dependencia policial, se enteró de lo ocurrido y omitió comunicarlo a las autoridades competentes”. Añadió que “en su carácter de jefe, ordenó a los otros siete agentes que limpiaran el lugar, motivo por el cual se le endilgó el delito de encubrimiento agravado”.
Torturas
Lema subrayó que “se trata de un caso de pluralidad de autores –todos policías–, quienes utilizaron múltiples modalidades de torturas y con mucha violencia”. También agregó que “todo el accionar delictivo fue realizado dentro de una comisaría y, si bien era de madrugada, todavía era de noche” e hizo hincapié en que “los acusados actuaron de forma metódica y compleja, lo cual incrementó el padecimiento físico y psíquico de los dos hermanos”.
“Los uniformados afectaron la libertad, la dignidad y el honor de las dos víctimas, quienes estaban imposibilitadas de mover sus brazos”, planteó la fiscal y argumentó que “demostraron total desinterés por la integridad física y psicológica ajena”.
La fiscal se refirió a que “los acusados como coautores de torturas son el subcomisario FHM de 40 años; la subinspectora SS de 44; el oficial JAC de 32 y los cuatro suboficiales”. En tal sentido, enumeró “a los suboficiales varones: CAM de 23 años; BEG de 26 y MLO de 30. Por su parte, la mujer suboficial tiene 38 años y sus iniciales son MIA”.
En relación al comisario, la fiscal apuntó que “sus iniciales son LMG, tiene 36 años y se le endilga la autoría del delito de encubrimiento agravado”.
Juicio
La presentación de la acusación es un paso procesal en el que la Fiscalía solicita la apertura del juicio oral y público contra los acusados.
El escrito, que está destinado a un juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), contiene un detalle de las evidencias reunidas y fundamenta los requerimientos del MPA en relación al caso. Asimismo, informa los datos personales de los imputados, los hechos ocurridos, la calificación legal de los ilícitos y la pena solicitada.
Luego de la presentación de la acusación y de habérselo comunicado a la Defensa, la OGJ debe convocar a una audiencia preliminar en la que las partes (Fiscalía; Defensa y, en el caso de que la hubiera, Querella) discuten acerca de lo planteado.
Si tras la audiencia preliminar el juez considera que la acusación de la Fiscalía tiene proyección de condena y que están cumplidos los requisitos para que se desarrolle un debate oral y público, dispondrá el auto de apertura a juicio para programar una fecha de inicio.
