El mismo día de su asunción, el gobernador de Santa Fe Omar Perotti firmó junto a sus ministros un decreto que determina suspender y revisar todos los nombramientos en áreas de gobierno y cargos docentes, como así también los contratos irregulares, rubricados en los últimos seis meses de gestión de su antecesor, Miguel Lifschitz. Se trata de 166 decretos con 341 designaciones para ocupar cargos y funciones vacantes subrogadas los que deberán ser analizados por una Comisión evaluadora de estos actos administrativos.
El decreto 0089 suspende en su primer artículo los actos administrativos con designaciones que fueron rubricados luego del 10 de junio de este año -conforme al plazo contemplado por la Ley de Responsabilidad Fiscal- y que refieren a personas que no hayan trabajado antes en el Estado; no considerándose a estos efectos el desempeño en cargos políticos. Y aclara que se trata de los «cargos vacantes de la planta permanente, temporaria y contratada y horas de cátedra de la Administración Pública Central, Organismos Descentralizados, Instituciones de la Seguridad Social, Empresas y Sociedades del Estado provincial y Otros Entes Públicos».
En su segundo punto, también disponen suspender «la ejecución de los actos administrativos que hayan dispuesto la designación con carácter de titular en cargos docentes y horas de cátedra, sin haberse verificado el concurso que a esos fines dispone el régimen de la carrera docente aprobado por el Decreto N° 3029/12, o en los que la designación en esa condición haya recaído en personas que carezcan del título correspondiente exigido por el mismo».
Además se crea una Comisión en el ámbito del Ministerio de Gestión Pública que tendrá a su cargo la revisión de los actos administrativos emitidos con posterioridad a la nombrada fecha y que estará facultada para suspender los que presenten irregularidades. En estos casos además deberá brindar garantías de defensa del personal afectado, que en principio deberán ser notificados por sus áreas respectivas de las suspensiones, con un aviso previo de tres días hábiles para que puedan presentar su descargo.
Dicha comisión tendrá un plazo de 60 días corridos para concluir su labor, pero que podrá ser prorrogable por el Poder Ejecutivo y será coordinada por el Fiscal de Estado de la Provincia, Rubén Weder, o el Fiscal Adjunto que designe en su reemplazo. Además la conformarán los secretarios de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Legal y de Coordinación del Ministerio de Economía; y el subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de Gestión Pública.
Cabe recordar que tras las elecciones en la provincia, en la primera reunión de transición el equipo designado por Perotti había pedido expresamente al gobierno saliente respetar la Ley Nacional que instruye el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. La misma establece que durante los dos últimos trimestres del año de fin de mandato de cada administración «no se podrán realizar incrementos del gasto de carácter permanente, salvo los que trasciendan la gestión de gobierno en tanto sean definidos en ese carácter normativamente, y deban ser atendidos de manera específica».
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