La iniciativa plantea un régimen integral y diferenciado, que articula supervisión judicial, programas socioeducativos y restaurativos, atención psicológica especializada y dispositivos de abordaje de conductas de riesgo, con participación activa y responsabilidad de los adultos responsables de los menores.
Una respuesta institucional ante delitos graves cometidos por menores
Según fundamentó el legislador, la propuesta busca dar una respuesta institucional concreta frente al aumento de delitos graves cometidos por menores, reforzando el rol del Estado sin perder de vista la reinserción social y el derecho a la educación.
En ese marco, el proyecto establece que la educación y la formación obligatoria sean el eje central del proceso de reinserción de los menores privados de la libertad, evitando respuestas exclusivamente punitivas.
Delitos alcanzados por el nuevo régimen
Dentro de la propuesta, González plantea que la baja de la edad de imputabilidad desde los 13 años se aplique exclusivamente a delitos de especial gravedad, bajo un régimen penal juvenil diferenciado.
Los delitos incluidos son:
- Homicidio doloso y homicidio agravado
- Robo agravado por el uso de armas
- Robo seguido de muerte
- Lesiones gravísimas dolosas
- Privación ilegítima de la libertad agravada y secuestro extorsivo
- Participación comprobada en organizaciones criminales vinculadas a hechos violentos
En estos casos, los menores de 13 años en adelante serán juzgados bajo criterios equivalentes a los aplicables a las personas mayores de edad, siempre dentro del marco del régimen juvenil.
Programas socioeducativos y abordaje integral
La iniciativa no se limita a la sanción penal. Entre las medidas complementarias obligatorias, el proyecto incluye:
- Supervisión judicial reforzada
- Programas de justicia restaurativa
- Programas socioeducativos obligatorios
- Tratamiento psicológico y abordaje de adicciones
- Acompañamiento familiar y fortalecimiento de la responsabilidad parental
Para los delitos que no revistan especial gravedad, la responsabilidad penal juvenil desde los 13 años funcionará dentro de un régimen flexible y especializado, permitiendo al juez adecuar la respuesta penal según las circunstancias del hecho y del menor involucrado.
“Prevenir la reincidencia y proteger a la sociedad”
Finalmente, el diputado Marcelo González sostuvo que la reforma apunta a prevenir la reincidencia, evitar la utilización de menores por organizaciones criminales y fortalecer la confianza social en el sistema de justicia, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los habitantes del país.
