Vivero narco de Arroyo Leyes – Este caso ilustra no solo los mecanismos que algunos utilizan para encubrir actividades ilegales, sino también la complejidad del entramado legal que rodea la producción de cannabis en el país.
Osvaldo Ernesto Ceresole, un abogado de 57 años, se encuentra actualmente en el centro de una serie de procedimientos judiciales en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Santa Fe. La acusación sostiene que su papel fue fundamental para la operación de un vivero, ubicado en Arroyo Leyes, que cultivaba marihuana con fines de distribución en el mercado negro.
La fachada legal del vivero narco de Arroyo Leyes
Ceresole enfrenta graves acusaciones de haber proporcionado una cobertura legal que encubría el tráfico de estupefacientes. La operación tenía lugar en un terreno ubicado a la vera de la Ruta Provincial 1, donde se cultivaban plantas de marihuana bajo la apariencia de un proyecto legítimo. Para ello, Ceresole obtuvo una autorización del Instituto Nacional de Semillas (INASE) en la categoría «Criadero», como parte de la Ley 27.350, cuyo fin era en teoría el desarrollo de nuevas variedades de semillas.
En su defensa, Ceresole ha insistido en que su intención era inscribir variedades de semillas y que nunca se realizó ninguna cosecha. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por las evidencias presentadas. Según el fiscal del caso, la autorización que Ceresole gestionó fue esencial para la operación de narcotráfico organizada por Gabriel Nudel, el verdadero líder detrás del vivero.
La coartada legal de Ceresole no solo ofrecía una apariencia de legitimidad, sino que también le permitía a la organización operar sin ser detectada. Durante los allanamientos realizados por las autoridades, se encontraron documentos que demostraban el uso activo de esta autorización, lo que contrasta fuertemente con las afirmaciones de Ceresole.
Las contradicciones en su testimonio han llevado a los investigadores a concluir que su actividad no era más que una tapadera para el narcotráfico. La evidencia incluye:
- Un informe del INASE que indicaba la ausencia de un plan de mejoramiento genético real.
- La falta de plantas masculinas en los cultivos, lo que sugiere que el objetivo era la producción de flores para el tráfico.
- Testimonios de vecinos que afirmaron haber presenciado cosechas anteriores.
- La presencia de elementos de seguridad no compatibles con un proyecto de investigación legítimo.
El contexto de los juicios abreviados
Mientras el juicio de Ceresole avanza, el resto de los acusados han optado por aceptar su responsabilidad a través de juicios abreviados. Este tipo de procedimientos son comunes en casos de narcotráfico, donde las partes implicadas buscan reducir sus penas a cambio de declaraciones que puedan ayudar al proceso judicial.
En total, los involucrados han recibido condenas que oscilan entre dos y cuatro años de prisión. Algunos de los acusados incluyen a:
- Gabriel «Cachi» Nudel: Organizador principal, condenado a cuatro años.
- Mauricio José Zambón: Organizador de eventos, también condenado a cuatro años.
- Marco Patricio Rioja: Facilitador del lugar, condenado a tres años con ejecución en suspenso.
- Otros jornaleros del predio fueron condenados a dos años.
El acuerdo de juicios abreviados permite a los acusados recibir penas más ligeras, pero también implica una admisión de culpa que podría tener repercusiones a largo plazo en sus vidas y carreras.
Un vivero narco en la ruta: la operación al descubierto
La investigación que llevó al descubrimiento del vivero comenzó el 13 de febrero de 2024, cuando la Policía Federal detectó una plantación de marihuana en un predio de dos hectáreas en Arroyo Leyes. Este terreno, dividido en tres parcelas, presentaba un sofisticado sistema de cultivo, que incluía:
- Sistemas de riego por goteo: Para garantizar el crecimiento óptimo de las plantas.
- Conexiones eléctricas de gran capacidad: Utilizadas para mantener las condiciones ideales para el cultivo.
- Códigos QR de identificación: Que permitían rastrear las plantas y asociarlas directamente con Ceresole.
- Sistemas de cámaras de seguridad: Para monitorear constantemente el predio.
- Garitas de seguridad: Desde donde se podían observar todos los sectores del terreno.
La sofisticación del vivero pone de manifiesto el nivel de organización detrás de esta operación, que no solo se limitaba a la producción de marihuana, sino que también incluía medidas de seguridad y control que superan las de un simple cultivo ilegal.
Implicaciones legales y sociales
Este caso refleja una problemática más amplia en la sociedad argentina respecto al narcotráfico y la legalidad del cannabis. La Ley 27.350, que regula el uso de cannabis con fines médicos y científicos, ha sido objeto de debate y controversia. A medida que avanza la discusión sobre la legalización y la regulación del cannabis, casos como el de Ceresole resaltan la necesidad de un marco legal claro que impida su uso como fachada para actividades ilícitas.
El juicio no solo determinará la culpabilidad de Ceresole, sino que también podría establecer precedentes en la forma en que se manejan las autorizaciones para el cultivo de cannabis en el país. La sociedad espera respuestas sobre cómo prevenir el uso de la legalidad como un escudo para el narcotráfico y cómo asegurar que las regulaciones sean efectivas y transparentes.
Las repercusiones de este caso se sienten no solo a nivel judicial, sino también en la opinión pública. La percepción sobre la legalización del cannabis y su potencial uso en la medicina puede verse afectada por escándalos como este, que alimentan el miedo y la desconfianza hacia una legislación que aún está en desarrollo.
