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Golpe a la Irregularidad: Cancelan más de 27.000 Planes Sociales Incompatibles

En un movimiento significativo hacia la transparencia fiscal, el Ministerio de Capital Humano de Argentina ha anunciado la cancelación de más de 27.000 planes sociales.

SCaldia
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Cancelan más de 27.000 Planes Sociales Incompatibles – Esta decisión surge tras una exhaustiva verificación de datos y cumplimiento de requisitos, revelando incompatibilidades en los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo, lo que ha prevenido la incorrecta erogación de 2 mil millones de pesos del erario nacional.

Planes Sociales Incompatibles

La cartera de Capital Humano detalló las incompatibilidades detectadas, que incluyen situaciones como beneficiarios que ya reciben jubilación o pensión, personas con registros de desempleo, monotributistas de categoría C o superior, trabajadores autónomos, residentes en el extranjero, fallecidos y propietarios de autos con menos de 10 años de antigüedad.

Estas irregularidades fueron identificadas gracias a un efectivo cruce de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (Sinstys).

Impacto Fiscal y Social de la Medida «Cancelan más de 27.000 Planes Sociales»

La decisión de dar de baja estos planes sociales no solo implica un ahorro significativo para el Estado, sino que también refleja un esfuerzo por garantizar que los recursos destinados a programas sociales lleguen a quienes verdaderamente los necesitan. Esta medida subraya la importancia de una gestión eficiente y transparente de los fondos públicos, esencial para el desarrollo social y económico del país.

Cancelan más de 27.000 Planes Sociales Incompatibles
Cancelan más de 27.000 Planes Sociales Incompatibles

Continúa el Escrutinio de los Programas Sociales

El Ministerio de Capital Humano subraya que este proceso de verificación y corrección continuará para asegurar la integridad y la eficacia de los programas sociales del gobierno. Este paso es fundamental para fortalecer la confianza pública en las instituciones gubernamentales y asegurar que la asistencia social cumpla su objetivo de ayudar a los más vulnerables en la sociedad argentina.

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