Este jueves, el Gobierno provincial llevó a cabo la demolición del primer búnker de drogas en Riobamba 5000, Rosario, marcando un hito en la aplicación de la ley de narcomenudeo que entró en vigor el pasado 29 de diciembre.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó que la ley permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes, autorizando el derribo o demolición forzosa de construcciones dedicadas al tráfico de drogas. La fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, subrayó que este búnker, considerado un «mercado abierto de drogas», fue prioritario debido a su vinculación con violencia letal y su proximidad a escuelas.
Cococcioni enfatizó el enfoque en desactivar puntos de venta específicos, mientras que la justicia federal se encarga de investigar eslabones superiores en la cadena de narcotráfico. Se anunció un programa de intervenciones focalizadas para mantener la convivencia en el territorio y prevenir la reinstalación de actividades ilícitas.
La fiscal general Vranicich resaltó la importancia de este ejercicio prioritario, considerando la violencia generada en el área y su proximidad a escuelas. Además, señaló que el búnker estuvo vinculado a la muerte de una persona. Se subrayó la colaboración ciudadana a través de denuncias en Centros Territoriales o la página web del MPA.
En un contexto relacionado, la Policía de Investigaciones realizó 10 allanamientos el pasado fin de semana en barrios Ludueña, Empalmes y Rosario, como parte de una investigación por narcomenudeo y amenazas al gobernador Pullaro. Se detuvieron cuatro personas y se incautaron armas, municiones y drogas. El caso está vinculado al «clan Riquelme».
